Otro nuevo ejemplo de rechazo a la inversión por parte de Compromís. Su cortedad de miras y su proteccionismo conservador en favor de grupos de interés establecidos (retórica más que refutada en economía), unido a su odio a la empresarialidad y grandes superficies le llevan a trabar múltiples inversiones.
Las consecuencias son numerosas, y muy negativas para la sociedad y sus componentes, esos a los que dice defender y por los que dice preocuparse.
Así, más trabas y prohibiciones implican menos inversión (ésta de 860 millones nada menos) empresarial. Menor inversión implica menor capitalización de la economía, y por tanto menos capital por trabajador, que lleva a menor productividad del trabajo y menores salarios reales del conjunto de la economía (esos salarios de los que se dice preocuparse).
Por otra parte, menor inversión lleva a menores contrataciones, y más desempleo (directo e indirecto), por lo que más gente estará desocupada y sin recursos (eso por lo que dice preocuparse tanto). A más desempleo, más mano de obra ociosa y más mano de obra disponible en otros sectores, lo que lleva a salarios más bajos por la mayor oferta de mano de obra respecto a la demanda de la misma.
Esta menor inversión y más trabas llevan a menor producción y generación de riqueza en la región (menor capacidad de exportar/importar nuevos productos/servicios con el dinero generado, y por tanto menos bienes a disfrutar por la población y menor capacidad de satisfacer necesidades).
Cuantas más trabas y barreras, más alejas nuevas inversiones o haces huir potenciales inversiones (ya sean externas o internas), lo que implica nuevamente todo lo comentado antes, empobreciendo a la sociedad en su conjunto.
Más trabas y problemas, y más caras al no implicar facilidad alguna, implica costes más elevados, más gastos y en consecuencia más dificultades para rentabilizarla que lleva a productos/servicios más caros, o de peor calidad si no se aumenta el precio, o salarios más bajos para compensar dichos costes, o menores inversiones, menores contrataciones...
En definitiva, salen perdiendo consumidores, trabajadores, empresarios...
Más trabas y rechazo a la inversión empresarial es menor menor actividad económica, menores beneficios y menor recaudación, que lleva a más gasto público, deuda, intereses, impuestos, peores servicios... (todo eso de lo que también se preocupan tanto...).
Y por último, más trabas y costes burocráticos y demora en los plazos por parte de la burocracia y políticos lleva a retrasos y pérdidas de los inversores (en este caso llevaban varios años tratanto de sacar adelante el proyecto, con más de 40 informes favorables y un millón de euros depósitados como garantía en favor de la Administración autonómica), lleva unido a todo lo anterior al incremento de la corrupción en muchos casos sin contrapartida, siendo muy grande el incentivo (y en la administración en muchos casos es algo institucionalizado en determinadas esferas o procedimientos) a exigir pagos bajo mano para acelerar procesos, obtener licencias...el negarse a ello tiene sus consecuencias ya sea en tiempo o en forma...
A nadie debe de extrañar que precisamente en aquellas sociedades donde más priman estas ideas antiempresa, antiinversión, proburocracia, "proteccionistas"...sean las más pobres, las de salarios más bajos...
Victor Romero se hace eco de la noticia en el siguiente artículo.
Las consecuencias son numerosas, y muy negativas para la sociedad y sus componentes, esos a los que dice defender y por los que dice preocuparse.
Así, más trabas y prohibiciones implican menos inversión (ésta de 860 millones nada menos) empresarial. Menor inversión implica menor capitalización de la economía, y por tanto menos capital por trabajador, que lleva a menor productividad del trabajo y menores salarios reales del conjunto de la economía (esos salarios de los que se dice preocuparse).
Por otra parte, menor inversión lleva a menores contrataciones, y más desempleo (directo e indirecto), por lo que más gente estará desocupada y sin recursos (eso por lo que dice preocuparse tanto). A más desempleo, más mano de obra ociosa y más mano de obra disponible en otros sectores, lo que lleva a salarios más bajos por la mayor oferta de mano de obra respecto a la demanda de la misma.
Esta menor inversión y más trabas llevan a menor producción y generación de riqueza en la región (menor capacidad de exportar/importar nuevos productos/servicios con el dinero generado, y por tanto menos bienes a disfrutar por la población y menor capacidad de satisfacer necesidades).
Cuantas más trabas y barreras, más alejas nuevas inversiones o haces huir potenciales inversiones (ya sean externas o internas), lo que implica nuevamente todo lo comentado antes, empobreciendo a la sociedad en su conjunto.
Más trabas y problemas, y más caras al no implicar facilidad alguna, implica costes más elevados, más gastos y en consecuencia más dificultades para rentabilizarla que lleva a productos/servicios más caros, o de peor calidad si no se aumenta el precio, o salarios más bajos para compensar dichos costes, o menores inversiones, menores contrataciones...
En definitiva, salen perdiendo consumidores, trabajadores, empresarios...
Más trabas y rechazo a la inversión empresarial es menor menor actividad económica, menores beneficios y menor recaudación, que lleva a más gasto público, deuda, intereses, impuestos, peores servicios... (todo eso de lo que también se preocupan tanto...).
Y por último, más trabas y costes burocráticos y demora en los plazos por parte de la burocracia y políticos lleva a retrasos y pérdidas de los inversores (en este caso llevaban varios años tratanto de sacar adelante el proyecto, con más de 40 informes favorables y un millón de euros depósitados como garantía en favor de la Administración autonómica), lleva unido a todo lo anterior al incremento de la corrupción en muchos casos sin contrapartida, siendo muy grande el incentivo (y en la administración en muchos casos es algo institucionalizado en determinadas esferas o procedimientos) a exigir pagos bajo mano para acelerar procesos, obtener licencias...el negarse a ello tiene sus consecuencias ya sea en tiempo o en forma...
A nadie debe de extrañar que precisamente en aquellas sociedades donde más priman estas ideas antiempresa, antiinversión, proburocracia, "proteccionistas"...sean las más pobres, las de salarios más bajos...
Victor Romero se hace eco de la noticia en el siguiente artículo.
Artículo de El Confidencial:
Proyecto de Puerto Mediterráneo, con una inversión de 860 millones.
La Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, controlada por Compromís, ha tumbado el mayor proyecto de inversión en España del gigante británico de centros comerciales Intu-Eurofund. Una comisión de evaluación ambiental ha emitido un dictament negativo al plan de Puerto Mediterráneo, la creación de una enorme superficie comercial y de ocio en el área metropolitana de Valencia cuya inversión se estimaba en 860 millones de euros al finalizar todas sus fases.
La decisión no es definitiva, y ahora corresponde a la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, en manos de los socialistas, autorizar o rechazar definitivamente el expediente. Sin embargo, con la memoria ambiental en contra, es casi imposible que pueda darle luz verde. La compañía, que espera conocer con exactitud el dictamen, no descarta acudir a los tribunales tras varios años tratanto de sacar adelante el proyecto, con más de 40 informes favorables y un millón de euros depósitados como garantía en favor de la Administración autonómica.
La decisión liquida una de los pocas iniciativas de calado con capital extranjero que estaban previstas en la Comunidad Valenciana, dondeapenas se registraron 46 millones de euros en inversión foránea en el primer semestre del año, un caída del 30%, frente a los 2.100 millones de euros recibidos por Madrid o los 450 millones de Cataluña.
Puerto Mediterráneo llevaba meses esperando la decisión de la Generalitat que gestionan el socialista Ximo Puig y Mónica Oltra, de Compromís. El promotor es el propietario de Puerto Venecia, en Zaragoza, y lleva trabajando en replicar el modelo en Valencia desde hace cinco años. Los números de lo que iba a ser uno de los centros comerciales y de ocio más grandes de España son mareantes: urbanización de pastillas de suelo que se extienden sobre 1,4 millones de metros cuadrados de terrenos ahora sin uso, de los que 500.000 se destinarían a actividades terciarias, y una inversión conjunta que alcanzaría los 863 millones de euros, de los que 611 corresponden a inyección directa de Intu-Eurofund, 106 a los operadores que alquilen los espacios comerciales y otros 146 a iniciativas desarrolladas por otros propietarios en parcelas anexas. La creación de puestos de trabajo prevista era de 5.900 empleos directos en fase de explotación y de hasta 4.500 más durante el proceso de construcción, según un plan de negocio elaborado por la consultora BDO, tal como publicó en noviembre El Confidencial.
Según ha explicado este jueves el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro (uno de los líderes de Los Verdes dentro de la coalición Compromís), la comisión de evaluación ambiental sostiene que hay problemas con los accesos, con la congestión del tráfico y la protección de un barranco que hacen "inviable" el proyecto. Además, ha defendido que la pastilla de suelo que comprende la urbanización de Puerto Mediterráneo es la única no urbanizable del entorno metropolitano de Valencia (a excepción del suelo protegido de huerta), por lo que ha esgrimido razones de "estrategia territorial" para que los integrantes de esta comisión informen de manera desfavorable. La comisión de evaluación ambiental la componen técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente y también responsables de Vivienda, entre ellos, el director general Lluís Ferrando, también de Compromís.
Intu-Eurofund contaba con más de 40 informes a favor de su proyectocuando de produjo el cambio político en la Comunidad Valenciana en mayo del año pasado. Tras varios meses a la espera de conocer el veredicto final de los nuevos inquilinos de la Generalitat, poco antes de verano aparecieron dos nuevos informes (uno de Fomento y otro de Obras Públicas) que cuestionaban algunos aspectos del proyecto, básicamente en materia de accesos. La empresa promotora sostiene que ha introducido los cambios necesarios. Álvaro ha indicado, por contra, que las modificaciones han sido insuficientes y que, en cualquier caso, pasar el filtro de la comisión implicaría presentar una iniciativa nueva. En la práctica, esto supone reiniciar todo el proceso administrativo.
Un bloqueo previsible
Compromís ha mostrado su rechazo a Puerto Mediterráneo antes incluso de acceder al poder en la Generalitat valenciana. La formación se ha opuesto también desde el Ayuntamiento de Paterna, aludiendo a razones de protección del pequeño comercio. Esta es la causa por la que el promotor Intu-Eurofund ha considerado siempre que tras el bloqueo administrativo que ha sufrido la iniciativa ha habido razones políticas.
Puerto Mediterráneo es el más grande de los centros comerciales que forman parte del plan de expansión en España de Intu-Eurofund. El gigante británico del sector, Intu Properties, y el fondo de inversión pretenden crear espacios comerciales similares en Vigo, Málaga y Mallorca. Entre los críticos a Puerto Mediterráneo corre también el argumento del impacto que podría tener el proyecto en el resto de zonas comerciales del entorno metropolitano de Valencia, como ha ocurrido en Zaragoza con Puerto Venecia, también de Intu.
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