David Lozano informa sobre la investigación de la trama corrupta y de financiación ilegal que acaba de estallar en la Comunidad Valenciana a PSOE y Compromis.
Los azotes de la corrupción...
Artículo de EsDiario:
Cristina Narbona y Pedro Sánchez, en un comité del PSOE.La magnitud de las investigaciones es tremenda e implica a referentes del PSPV y del Bloc y al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. También a la actual presidenta del PSOE y ex ministra.
Mientras a Mónica Oltra se le recuerda en el plató denunciando reiteradamente que el PP valenciano acudía las urnas "dopado", avanza las investigaciones que cercan por corrupción al partido que sustenta Compromís, el Bloc, y a su socio de Gobierno, el PSPV-PSOE. Oltra ahora guarda silencio y no ha interrumpido sus vacaciones y de Ximo Puig únicamente se ha escuchado "prometo actuar" si se demuestran las irregularidades, que van a más.
Cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid investigan si ambos partidos tuvieron su propia Gürtel durante la campaña electoral de 2007. Ambas formaciones políticas podrían haber financiado, supuestamente, diversos actos electorales a través de facturación falsa, con cargo a empresas de la construcción. Una operativa en la que habría colaborado la empresa de comunicación y marketing de Gandia, Crespo Gomar SL, ya extinguida, a imagen y semejanza de lo que la empresa Orange Market (la Gürtel valenciana) hizo con el PPCV.
Los hechos se han investigado en el Juzgado de Instrucción 21 de València desde diciembre de 2016. El origen de la investigación es la documentación sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE y Bloc presentada por el PPP en una comisaría de València.
La Policía Nacional aportó un informe al Juzgado de Instrucción 21 de València -que también ha instruido el accidente del metro, el caso Blasco o el caso IVAM-, que ha investigado presuntos delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral, supuestamente cometidos por los responsables de ambas formaciones políticas en 2007, en con-Gomar, entre otras.
Tras un año de pesquisas, en el que la jueza ha comprobado la veracidad de la documentación, el Juzgado, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, decidió el pasado mes de enero declararse no competente para investigar los hechos, que se habrían cometido fuera del partido judicial de València, por lo que decidió inhibirse en favor de cuatro juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los contratos de Cristina Narbona
Pero a medida que avanza la investigación se conocen datos de mayor gravedad. El Mundo asegura que se produjeron adjudicaciones presuntamente irregulares para publicitar las bondades de las desaladoras que impulsó el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comunidad Valenciana.
La Justicia investiga dos contratos, por valor de 400.000 euros, del Ministerio de Medio Ambiente adjudicados a través de Aguas del Júcar SA y AcuaMed .Los dos contratos se adjudicaron entre 2005 y 2007, fechas en las que al frente del Ministerio estaba Cristina Narbona, en la actualidad presidenta del PSOE por decisión personal de Pedro Sánchez, ambos se ven ya afectados por la corrupción en la Comunidad Valenciana. En concreto, el operador integral de infraestructuras hidráulicas del Ministerio contrató a Crespo Gomar y otra empresa de su órbita, Miracasa, los servicios de comunicación de las plantas desaladoras de Dénia y Torrevieja.
Los investigadores sospechan que el servicio se fraccionó con el claro objeto de vulnerar la ley de contratos del sector público y como contraprestación a la presunta red de falsificación de facturas para pagar actos electorales.
La sociedad Crespo Gomar tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar, uno de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor de Ximo Puig.
Según fuentes judiciales, algunos de esos contratos se adjudicaron pese a que la Administración tendría que haberlos declarados desiertos porque no reunían los requisitos marcados en el concurso público. Los dos contratos vinculados con el Ministerio de Medio Ambiente forman parte del paquete de adjudicaciones que la Intervención general ha identificado como fraudulentos.
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