El programa económico de Podemos: nacionalizar empresas, expropiar viviendas, renta básica y una histórica subida fiscal

Manuel Llamas expone el programa electoral de Podemos en sus distintas partidas. Un programa, sin duda alguna, para el desastre y el empobrecimiento masivo de la población. 

Pero hay quien piensa que aplicando las mismas medidas que siempre llevan al desastre a países enteros (como Venezuela, que además disfruta de riquezas naturales mucho mayores) el resultado va a ser distinto. Y que tras el fracaso en dichos países se pretende esconder los nexos de unión e ideológicos para que no se les relacione, pero se mantiene el mismo apoyo y elogio (pretendiendo aplicarlas también) de las medidas punto por punto...

Un programa lleno de unicornios, que destruiría la inversión (y la alejarían), llevaría a la bancarrota al país (por supuesto, se incumplirían muchas de ellas por imposibilidad al ser promesas imposibles de cumplir, y aun más con las medidas que proponen que destruye toda capacidad de creación de riqueza), dispararía el desempleo, iría en contra de la productividad (los salarios reales y el poder aquisitivo irían paulatinamente reduciéndose) y generarían un nivel de corrupción, restricción de libertades y control de la sociedad por el poder político y sus lobbies ni remotamente pensado hoy. 

La cubanización del país, que solo crearía poder político sobre todos nosotros, dependencia absoluta del ciudadano con el partido del poder (de su arbitrariedad, de su permiso a hacer algo, de sus miserables dádivas -en absoluto comparables a lo que prometen-) y un desigual reparto de la miseria. 

Artículo de Libre Mercado: 

Podemos ha presentado este viernes su programa electoral de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril. Su contenido, con un total de 264 propuestas, se puede resumir, básicamente, en los siguientes postulados a nivel económico y presupuestario: nacionalización de empresas; expropiación de viviendas; impago de deudas (públicas y privadas); fuerte intervencionismo económico; intensa rigidez laboral; fijación de precios en el mercado eléctrico, alimentario y de alquiler; expropiación de viviendas; imposibilidad de desalojar a okupas o inquilinos morosos hasta que así lo considere la Administración correspondiente (mediante el ofrecimiento de una "alternativa habitacional" que no tiene por qué producirse); y el mayor incremento de gasto público e impuestos de la historia de España.

A continuación, se enumeran algunas de las medidas económicas y presupuestarias más destacables:

Energía e industria

• Alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables y el 100% de coches eléctricos o alternativos a los combustibles fósiles en 2040.
• Cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 y de las centrales nucleares antes del final de 2024.
• Crear una empresa pública de energía.
• Prohibir la "mercantilización" del agua.
• Declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas de precontratación para las VTC (vehículos de alquiler con conductor).
• Establecer por ley un "precio mínimo" a los productos agropecuarios.
• Rescate público de empresas: "Garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas; [...] el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo".
• Recuperar la "participación pública en sectores estratégicos", como el sector naviero o el metalúrgico.
• Preservar la "soberanía de sectores estratégicos" como los puertos, revirtiendo el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval.

Prestaciones, banca y economía digital

• Renta básica: "Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas".
• Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1.200 euros al año de manera universal y a los 2.000 euros al año para situaciones de "pobreza severa", y que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza.
• "Suministros básicos garantizados": se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida.
• Subir un 25% el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y ligarlo al valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano para aumentar las prestaciones vinculadas a este índice.
• Elevar el gasto público en sanidad del 6% del PIB al 7,5% en 2023, y del 4% al 5,6% en educación.
• Poner freno a la mercantilización de la sanidad, incorporar el servicio de dentista gratuito, garantizar el acceso universal y eliminar los copagos.
• Universidad, formación profesional y másteres públicos "gratis", sin necesidad de matrícula.
• Crear un Banco Público de Inversión para financiar energías renovables, coche eléctrico y otras industrias verdes o I+D+i.
• "Aprovechar" Bankia como banco público.
• Concebir internet como "derecho básico" y de "acceso gratuito" a través de la sociedad pública Red.es: el 10% del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red.es; se aplicará un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura.
• Frenar la "uberización" de la economía: las personas que dependan de esas plataformas se considerarán trabajadores por cuenta ajena.
• Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios.
• Prohibir que los bancos y los fondos sean propietarios de medios de comunicación.
• Recuperar los 60.000 millones del rescate bancario en una década mediante un impuesto a las transacciones financieras, una subida del Impuesto de Sociedades a las "grandes corporaciones" y un impuesto específico a la banca.
• Casas de apuestas: se impedirá que abran antes de las 22.00h y que puedan publicitarse.
• "Reestructuración" coordinada de las deudas públicas en el marco de la zona euro.

Trabajo y pensiones

• Jornada laboral de 34 horas semanales.
• Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles de 24 semanas (medio año).
• Brecha salarial: se considerará discriminación una brecha de más del 20% en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales.
• Derogar las reformas laborales del PSOE y del PP, dejando un único tipo de contrato temporal que sólo podrá realizarse por causas productivas imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas (sustituciones por bajas).
• Prohibir los contratos temporales de menos de un mes: éste tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo.
• Limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Y cuando esté justificada, sus trabajadores tendrán las mismas condiciones que las de la empresa matriz.
• Prácticas externas: que sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.
• "Falsos autónomos": se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante.
• Cotizaciones de autónomos: deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan.
• Dación en pago con carácter retroactivo de las deudas hipotecarias.
• Alcanzar un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.200 euros al fin de la legislatura.
• Aumento de las prestaciones de desempleo: subirá al 70% de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y se aumentarán las cuantías máximas y mínimas.
• Ligar las pensiones al IPC y blindarlo en la Constitución de forma expresa.
• Derogar el factor de sostenibilidad.
• Incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas.
• Eliminar los topes de cotización, así como los beneficios fiscales de los planes de pensiones.
• Jubilación anticipada sin penalización para los que hayan cotizado al menos 35 años y para trabajadores de sectores "especialmente duros y precarios, como camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros".

Vivienda y alquiler

• Nacionalizar los bienes inmatriculados por la Iglesia, como la mezquita de Córdoba.
• Fijar un precio de alquiler máximo en zonas "tensionadas".
• Restablecer la renta antigua: establecer un contrato de arrendamiento indefinido, fijando causas claras de rescisión justificada; en los casos en que el inquilino sea "especialmente vulnerable" y el arrendador sea un "gran propietario de viviendas", el contrato de alquiler "se prorrogará de manera automática".
• Prohibir pisos turísticos: se fijarán porcentajes máximos de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio.
• Prohibir los desahucios: "En ningún caso se podrá realizar el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible".

Impuestos

• Derogar el artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria.
• IRPF: las rentas de más de 100.000 euros anuales pagarán un 47%, y se aplicará un tipo marginal del 55% para rentas superiores a 300.000. También se elevará la tributación sobre el ahorro y se eliminarán deducciones (planes de pensiones).
• Sociedades: tipo efectivo mínimo del 15% sobre el rendimiento neto positivo para los grupos empresariales, que se ampliaría hasta el 20% para las entidades financieras y petroleras.
• Reducción de exenciones: solo se permitirán las exenciones aplicadas a los beneficios obtenidos en el extranjero en caso de que hayan tributado al menos un 15% efectivo en otro país.
• IVA: tipo del 25% a "artículos de lujo", y se bajará en el caso de alimentos, bebidas no alcohólicas, suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los "consumidores vulnerables", servicios veterinarios y productos de higiene femenina y alimentación animal.
• Sucesiones y Donaciones: se fijará un impuesto mínimo a nivel estatal para evitar la competencia fiscal entre territorios.
• Crear un impuesto sobre "grandes fortunas" para recaudar un 1% del PIB: partiendo de un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros, gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los de más de 10 millones, con un 3% los superiores a 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones.
• Crear un impuesto específico sobre la banca, elevando 10 puntos el tipo de Sociedades.
• Crear un impuesto sobre las transacciones financieras.
• Crear un impuesto digital, limitado a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
• Crear un impuesto sobre la producción de energías no renovables.
• Fin a los "paraísos fiscales interiores": eliminar el régimen fiscal de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (SOCIMI) o el régimen de impatriados, que permite pagar un marginal de IRPF del 24% a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas de hasta 600.000 euros.
• Prohibir la utilización de "sociedades pantalla" como un instrumento para disfrutar de la vivienda habitual.
• Eliminar la exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que posee la Iglesia.
• Fraude fiscal: se bajará a 50.000 euros el umbral para considerar delito el fraude fiscal; se extenderán los plazos de prescripción de cinco a diez años; y se aumentarán las penas.