Maite Loureiro muestra la denuncia de Vox, que tendría que ser una exigencia de parte de todos los partidos, ante el Parlamento andaluz sobre si van a apoyar o no la increíble medida o acuerdo adoptado por el PSOE y las Comunidades Autónomas que justifican el cobro de ayudas a supuestas victimas de violencia de género sin denuncia previa ni sentencia judicial (sin pasar por jueces).
Toda una aberración del principio de presunción de inocencia y del Estado de Derecho, que da pie a incentivo perversos.
Artículo de Libertad Digital:
Vox ha registrado en el Parlamento andaluz tres preguntas al Gobierno de Juanma Moreno relativas al título habilitante y credencial administrativa que concede la condición de víctima de violencia de género a "toda mujer sin necesidad de denuncia previa", según recoge el escrito presentado por el líder del partido en la comunidad, Francisco Serrano, al que ha tenido acceso Libertad Digital.
El texto de Vox se refiere al acuerdo adoptado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad para que los servicios sociales, los servicios especializados o los servicios de acogida puedan acreditar a las víctimas de violencia de género, y que cobren las ayudas sociolaborales, sin necesidad de que presenten denuncia o exista una sentencia judicial.
El partido de Santiago Abascal califica a estos organismos como "ese grupo de colaboradores bien pertrechados de una enorme carga ideológica de feminismo radical e intransigente, externos de ignorada cualificación profesional" que "adquieren indebidamente habilitación igual a la de funcionariado sentando cátedra en temas tan delicados como la condición de maltratadas de ellas y la tacha gratuita de maltratador de ellos".
El partido alerta contra la "presunción de inocencia" y la posibilidad de que los servicios sociales acaben sustituyendo a los tribunales de Justicia. En el texto presentado ante la Mesa del Parlamento andaluz califica de "verdaderas checas del terror feminista radical" a estos "tribunales administrativos" que pueden acabar "estigmatizando" a los supuestos maltratadores, aseguran.
La lucha de Vox contra las leyes de violencia de género
Por todo esto, preguntarán al Gobierno andaluz si "va a cumplir con lo pactado en la Conferencia Sectorial de Igualdad", "si se trata de una de las medidas de cambio que prometió el Consejo de Gobierno cuando accedió a la gobernabilidad de Andalucía" y "cómo va a distribuir la cantidad alícuota que se le asigne de esos aproximados cien millones de euros que se repartirán a las comunidades para la indicada lucha contra la violencia de género".
La formación generó un gran revuelo al pedir los datos de las Unidades de Violencia de Género para, según dijeron, "fiscalizar" las ayudas que reciben. Información que no les fue facilitada. Serrano denunció a través de las redes sociales que algunos de estos empleados no tienen la cualificación necesaria para ejercer su labor, a pesar de lo cual se han producido condenas en base a sus informes, y que la Junta de Andalucía contrató los servicios externos de empresas inmobiliarias para el peritaje judicial en estos temas.
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