Cristina Alonso muestra la absoluta irresponsabilidad y dejadez de funciones de los políticos al respecto de las pensiones, y cuyas severas consecuencias se empeñan (cada día más con el creciente populismo, electoralismo y demagogia imperantes) en agravar y engrandecer.
Las consecuencias de sus mentiras piadosas (las verdades incómodas) no las sufren ni sufrirán ellos (para ello tienen múltiples beneficios, rentas extraídas al ciudadano y leyes particularmente favorables para sus bolsillos), pero sí el resto de la población (especialmente los jubilados venideros, hoy trabajadores).
Artículo de La Información:
El Gobierno de Pedro Sánchez va a dejar una herencia difícil de asumir al Ejecutivo que tenga que gestionar el sistema de las pensiones durante la próxima legislatura (que podría ser el suyo propio). En pleno frenazo de la economía y el empleo, la deuda de la Seguridad Social superará a finales de este año los 55.000 millones de euros, el triple que en 2016. Malas noticias para los responsables de rendir cuentas ante la Comisión Europea de aquí en adelante: España ha abandonado el brazo correctivo de Bruselas al reducir el déficit por debajo del 3% pero, a partir de ahora, las autoridades comunitarias pondrán el foco en la deuda pública y vigilarán los gastos de la Seguridad Social, que pasarán a formar parte del perímetro de consolidación de la regla de gasto.
La falta de liquidez para afrontar las pagas extraordinarias que habitualmente se abonan a los pensionistas en verano y Navidad es tal que ha obligado al Gobierno a recurrir a financiación externa a las cotizaciones sociales. El mes pasado, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un préstamo por parte del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 13.830 millones de euros que disparará el pasivo total del Sistema hasta los 55.024 millones de euros en 2019, un 33% más que el año pasado, según los datos de cierre de 2018 difundidos recientemente por el Banco de España.
Cierto es que esa cantidad supone un peso relativamente pequeño –en torno a un 5%– sobre el total de la deuda de las administraciones públicas, que supera el billón de euros. Sin embargo, preocupa el vertiginoso ritmo al que ha subido el pasivo de la Seguridad Social en los últimos años, no solo por el préstamo concedido este ejercicio por el Gobierno de Sánchez, sino también por las líneas de crédito que activó su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy, de 10.129 millones de euros en 2017 y otros 13.830 millones en 2018, cuantía que se ha prorrogado calcada a falta de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
En suma, la Seguridad Social ha necesitado 37.789 millones de euros en los últimos tres años para poder hacer frente a las obligaciones con los pensionistas que se presentan en junio y noviembre, cuando se juntan la nómina ordinaria y la extraordinaria y el desembolso supera los 18.000 millones de euros en un solo mes. Pero las tensiones de liquidez no se relajan ni con financiación externa. En paralelo, los sucesivos gobiernos han ido vaciando el Fondo de Reserva hasta contar a día de hoy con exiguos 5.000 millones de euros, desde 67.000 que llegó a tener en 2011.
El objetivo de la todavía ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, es no sacar este año de la 'hucha de las pensiones' más de los 3.700 millones de euros que estaban previstos en los Presupuestos que tumbó el Congreso, según revelan fuentes de su entorno a La Información, que avanzan además que el buen ritmo de los ingresos por cotizaciones (crecen ya más de un 7% hasta marzo) va a permitir abonar parte de la extra de este verano directamente con ingresos corrientes de tesorería. Es la previsión del equipo actual del Ministerio, de seguir al frente tras el 28-A.
En el Ministerio de Trabajo se muestran optimistas respecto a la evolución de la recaudación y restan importancia a la abultada deuda del Sistema, a pesar de que desde la Autoridad Fiscal (AIReF) les han advertido de que, al pasar ahora al brazo preventivo de la UE, se hará un seguimiento de la deuda pública si es superior al 60% del PIB (en España es todavía del 97,2%) y la Seguridad Social se incluirá entre las administraciones obligadas a cumplir con la regla de gasto. Cuando esto ocurra, nuestro país "tendrá un problema", avisó José Luis Escrivá, con la vista puesta en la jubilación de la generación del 'baby boom'.
¿Por qué no se devuelven los préstamos?
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La Intervención afirma que "no se trata de camuflar el déficit", sin embargo, economistas como Javier Santacruz sostienen que convertir en estable la línea de crédito del Tesoro a la Seguridad Social es "ocultar la realidad". El investigador principal del 'think tank' Civismo explica que "antes se ocultaba el exceso de gasto con el Fondo de Reserva, cuando tenía dinero suficiente, pero ahora que no lo tiene se hace con cargo a deuda". A su juicio, se trata de 55.000 millones de euros de "déficit oculto" que, además, "se escapa del procedimiento de déficit excesivo".
La situación es sensible. La Seguridad Social debe casi la mitad de lo que ingresa por cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios. En concreto, el 45% de la recaudación de 123.584 millones de euros que el Gobierno prevé captar por esta vía en 2019. Los números rojos en términos de déficit a cierre de 2018 rozaron los 17.000 millones de euros, el 1,4% del PIB. Las subidas de las pensiones de los dos últimos años han disparado la factura a cifras récord, mes tras mes, y el agujero del Sistema amenaza con escalar por encima de los 19.000 millones este año.
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