Javier Santacruz pone de manifiesto los errores y mentiras de Ahora Madrid sobre el impuesto a los cajeros.
Artículo de Libre Mercado:
El concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato | David Alonso Rincón
La creación de un nuevo impuesto sobre los cajeros automáticos por parte del equipo de Gobierno de la ciudad de Madrid ha sorprendido al mercado tras haber desmentido la propia alcaldesa, Manuela Carmena, hace poco más de un año que se estuviera si quiera planteando. Esta nueva figura tributaria no es un hecho aislado, sino que más bien forma parte de la estrategia que las diferentes Administraciones Públicas emprendieron hace años en busca de nuevos "hechos imponibles" con el único fin de recaudar.
El caso del Ayuntamiento de Madrid es particularmente significativo, dada su situación económica y el nivel de ejecución del presupuesto a estas alturas de ejercicio. Atendiendo a los últimos números publicados, si bien es cierto que la deuda de Madrid sigue siendo elevada, la capacidad de repago es tan alta que no sería necesario subir impuestos ni tampoco crear nuevos tributos. Es más, la creación de este impuesto es inconsistente con la decisión de bajar el IBI tomada hace unos meses y que se enmarcaba (al menos en teoría) en un plan de bajada de la presión fiscal.
Más allá de la inconsistencia de la política presupuestaria de Ahora Madrid, lo que más llama la atención es la ingeniería fiscal a la hora de crear nuevos impuestos,y más aún cuando el asunto de los cajeros automáticos ha sido un "caballo de batalla" en la opinión pública tras la polémica creada por las comisiones que cobraban los bancos por sacar efectivo o realizar operaciones corrientes para no clientes. Como siempre suele suceder, el policy maker, cuando quiere subir un impuesto o crear uno nuevo, lo justifica de la siguiente forma:
- Es un impuesto "pequeño" y "limitado"
- No tendrá repercusión en la ciudadanía, "sólo" está destinado a los bancos que tienen capacidad de pago suficiente y no les supone un coste importante
- Medida de carácter "no recaudatorio", "solidario" y cuya recaudación se destinará a fines de política social
Como puede verse, el argumentario es idéntico sea la Administración que sea y cualquiera que sea el momento de establecerlo desde hace siglos. Cuando el monarca de turno subía los impuestos, siempre lo hacía de forma moderada y asegurando que sólo iba a recaer en un colectivo determinado; léase en la actualidad "ricos", "grandes empresas" o "bancos".
Sin embargo, una vez más, las consecuencias económicas de este nuevo impuesto pueden no parecerse casi en nada a lo que están diciendo los gobernantes que va a suceder. Quizá el único elemento a su favor es precisamente el diseño del impuesto.
Más que las cantidades -con un procedimiento de valoración aún opaco y que el Consistorio debería revelar-, se trata de un impuesto de suma fija, que, al menos, es la forma menos distorsionante que existe de imposición. Además, se trata de un impuesto directo que grava no el acto de operar. sino la propia existencia de los cajeros, justificándolo en términos de un supuesto gasto que hace el Ayuntamiento en términos de seguridad. Esto deja la puerta abierta a poner impuestos sobre todo aquello que sea visible en la vía pública, ya que se entiende que está protegido por los mecanismos de seguridad ciudadana que provee el Ayuntamiento.
En segundo lugar, un análisis de incidencia básico de este impuesto lleva a conclusiones muy diferentes a las esgrimidas por el equipo municipal. Las empresas nunca son un sujeto pasivo con capacidad infinita de absorber los impuestos que se le imponen, en tanto en cuanto tienen capacidad de repercutirlo sobre el cliente final. En este caso, la banca tiene capacidad suficiente para que el sujeto tributario final sea el cliente individual en forma de subidas de las comisiones ya existentes o la eliminación de algunos servicios que hasta ahora son gratuitos. La incidencia del impuesto, por tanto, queda diluida y la asume el cliente final sin ni siquiera enterarse, probablemente.
Por último, no hay un solo impuesto que no tenga fines recaudatorios. Por definición, los impuestos son la vía para financiar los servicios públicos. En este caso, hay un elemento todavía más importante: los impuestos nunca son finalistas, ya que si no dejarían de llamarse impuestos para pasar a llamarse tasas o contribuciones públicas. Si a un impuesto se le pone un "apellido", como puede ser financiar política social (un lugar común en el que cabe casi todo), deja de serlo y pasa a denominarse de otra forma.
Más allá de estas consideraciones, existe un error básico en el planteamiento del equipo municipal de Madrid: considerar que la base imponible es totalmente rígida y no tiene capacidad de respuesta ante el nuevo impuesto. Éste es un error de libro, ya que en los meses que quedan hasta la aplicación del impuesto, aquellos bancos que tengan capacidad de trasladar los cajeros adentro de las sucursales, lo harán siempre y cuando el coste de la obra no sea superior al beneficio de ahorrarse tasas que en algunos barrios de Madrid pueden ascender a 742 euros anuales por cada cajero.
Obviamente, habrá casos en los que no compensará devolver el cajero al interior de la sucursal y preferirán pagar el impuesto. Pero en el caso de entidades que tengan un importante volumen de cajeros y, además, con una proporción elevada sobre el total, intentarán hacer lo posible por no pagar esta nueva figura tributaria. La experiencia de otras ciudades muestra, precisamente, este extremo: cómo la gran mayoría de cajeros están dentro de la oficina bancaria frente a los que están visibles en la calle.
En suma, más allá del coste que tendrá la medida, las distorsiones en las decisiones de los ciudadanos es más que evidente, al mismo tiempo que pone en evidencia la inconsistencia de la política fiscal de Ahora Madrid. Quizá no se hayan parado a pensar que el coste puede ser muy superior al beneficio, especialmente en términos de credibilidad y reputación ante el votante.
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