sábado, 8 de octubre de 2016

Una gráfica imagen que ejemplifica bien lo que es un servicio público (generalmente monopolístico)

La siguiente imagen muestra bien a las claras lo que pasa cuando el Estado (que no tiene que ver nada con la sociedad pese a la intención política de equiparlos y confundirlos) te impone un único proveedor de servicios. 


Las consecuencias son evidentes: 

-Falta de libertad y autoritarismo. NO es el consumidor (cada persona) el que elige en libertad quién quiere que le ofrezca el servicio, de qué manera y por qué precio, sino que el Estado dirigido por políticos IMPONE al consumidor su arbitraria decisión, sin que puedas decidir e impide ofrecer (o pone múltiples y costosas trabas) a ningún otro dicho servicio (considerando además que le sustrae a la fuerza los recursos necesarios a los consumidores vía impuestos, impidiéndoles tomar elección alternativa con otro proveedor). En consecuencia establecimiento de MONOPOLIO o competencia desleal restringiéndola o eliminándola. 

Así, se puede observar en la imagen de manera gráfica que implica todo esto. Incapacidad de elección del perro de en qué árbol quiere orinar, imponiéndosele a la fuerza uno solo elegido arbitrariamente.

- Falta de incentivo a la mejora de la calidad y del servicio. Como buen monopolio, los ingresos los tiene garantizados (impuestos), por lo que el cliente no tiene opción de escapatoria (los más pudientes en todo caso pagando por otro proveedor en el caso de que se pueda. Por lo que el coste de hacerlo es doble. Por el impuesto que no utilices y por el que sí utilizas). Esto lleva a un desincentivo a la mejora, a la innovación, a la eficiencia en costes y gastos, al despilfarro...pues pase lo que pase, la solución de dicho servicio que será deficitario es más dinero (más impuestos) empleados en el servicio. 

-Al haber monopolio y ausencia (o menor) competencia, unida a la socialización de costes y la trampa falaz de la "gratuidad" (no hay nada gratis, sino más caro, solo que se cobra vía multitud de impuestos y tasas, en lugar de con pago al instante), se aumenta la demanda por encima de la demanda natural en condiciones de mercado (afectada también por la denominada "tragedia de los comunes") y se reduce la oferta (solo se permite un proveedor, el público, o se reduce la capacidad de competencia para que aparezcan muchos más oferentes que mejores calidad y precios). Es decir. Aparece la escasez, y un ejemplo ilustrativo de ello son las colas de espera (tales como en sanidad), que lleva a un servicio mucho peor, y al agravamiento (incluida la muerte en muchos casos) de las dolencias (continuando el mismo ejemplo), tal como se muestra en la foto. 

-Dilapidación de recursos y destrucción de capital. Por lo comentado previamente, y sabiendo que los recursos económicos son siempre finitos, y que el servicio viene impuesto, independientemente de la demanda o las verdaderas necesidades del cliente, la consecuencias es una peor y menor satisfacción de las necesidades de las personas, pues se les detraen sus recursos no permitiéndoles que los dediquen subjetivamente en la manera que más les son satisfechas sus necesidades a cada persona, despilfarrándolos por los incentivos perversos comentados no dedicándose de manera eficiente a las necesidades más perentorias o privando que sean empleados en satisfacer dichas necesidades más otras adicionales (al dilapidarse), dejando por tanto a más personas insatisfechas o desatendidas en dicho servicio público o en servicios distintos (públicos o privados) puesto que les son extraídos recursos (impuestos en el caso de servicios privados) que no pueden dedicarse a dar servicio, invertir, innovar, contratar...). 
Esta menor capitalización lleva a menos producción total en la economía y al haber menos capital por unidad de mano de obra, a salarios más bajos en el conjunto de la economía/sociedad. 

-Aparición y aumentos de privilegios de los lobbies. Al no depender del mercado, ni tener dicho incentivo a reducir costes y mejorar la eficiencia, dependiendo todo del presupuesto público, se crea un incentivo perverso a aumentar los costes y gastos del área, y por supuesto los salarios de sus implicados. A diferencia del mercado, éstos no se incrementan por una mayor productividad marginal, por una mejor satisfacción de las necesidades (y en consecuencia de la demanda y aparición del beneficio), sino que son aumentados por decisiones arbitrarias, chantajes (por ejemplo sindicales mediante el empleo de la fuerza o la dejadez de funciones, presión mediática en contra del político de turno... sin consecuencia para dicho lobby (pues al ser monopolio, el cliente no puede huir a otro proveedor, y debido a la rigidez legislativa, dichos empleados no pueden ser sustituidos por otros dispuestos a trabajar y ganarse la vida sin dichos privilegios). 
En consecuencia, dichos lobbies obtienen múltiples privilegios laborales (incluido el salario) a costa del ciudadano (incluyendo el resto de trabajadores en otras áreas o sectores), cliente y contribuyente, aumentando el gasto y el dispendio, y los impuestos y reduciendo salarios (y aumentando el desempleo) para el resto de trabajadores ajenos a dicho privilegio. 

Por supuesto, sus exigencias llevan a continuos incrementos del presupuesto por la fuerza que ejerce (más contrataciones para reducir su carga de trabajo, mejores condiciones, mayores salarios, menos horas de trabajo, más beneficios no directamente salariales...), aumentando el gasto público y la ineficiencia, justificando siempre en sus llamamientos, que con las personas/clientes no se juega y se necesitan destinar más recursos a dicho servicio y que si se es más eficaz o reducen gastos es en detrimento del servicio al ciudadano (lo cual es falaz). 

-Corrupción. Al ser un servicio ofrecido no por el mercado (que si quiere triunfar y obtener beneficios y clientes debe ofrecer dicho servicio con la mayor calidad y al mejor precio, u otro competidor te expulsará del mercado), sino por el Estado (no hay riesgo de competencia puesto que por mal que lo haga, no depende de la decisión del cliente/consumidor sino de los impuestos adquiridos a la fuerza, el incentivo a la corrupción es elevado, pagándolo el contribuyente/cliente (colocación de afines políticos, aumento de plantillas/gastos para comprar votos y ganarse el apoyo de lobbies (que solo pueden existir bajo la institución pública arbitraria), falta de control en el empleo de materiales/recursos siendo empleados en beneficio propio por sus integrantes, concesiones a dedo o a afines para el aprovisionamiento de materiales, contratos varios por encima de o más barato lo ofrezca, el servicio. Compra bajo mano de licencias, autorizaciones, adelantamiento de fechas a los burócratas-funcionarios de turno (esto es bien visible en países con mayor burocracia y menor libertad económica). 



La diferencia es radicalmente distinta a un modelo en el que se da libertad de elección (demanda) y libertad de competencia (oferta) pues ésta se ajusta vía precios y producción a la demanda, no produciéndose las comentadas consecuencias estructurales. 

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