El Gobierno estudia limitar los beneficios fiscales a las empresas

Y otra nueva medida para exprimir a impuestos a la sociedad para agrandar el tamaño del Estado, limitando la compensación de pérdidas, y que en algunos sectores, como el bancario puede ser letal para su solvencia (y capacidad de dar créditos). 
Cabe destacar  que el gobierno pretende seguir exprimiendo a las empresas españolas (de las que cree que es dueña y suponen su caja personal), con las consecuencias negativas que esto tiene para la recuperación, la creación de empleo, la inversión y mejora salarial...
Baste un dato, y es que "el 63,09% del total de 1.119.867 empresas activas declarantes del Impuesto en 2014 -ejercicio con últimos datos consolidados disponibles- presentaban bases imponibles negativas", es decir, están en pérdidas!!. 
Pero quién espera que el lobo rectifique cuando se le dice que no mate a las gallinas de los huevos de oro...

Xavier Gil y Cristina Triana informan en el siguiente artículo.

Artículo de El Economista: 

Imagen: Getty.

El Gobierno estudia limitar los beneficios fiscales de las grandes empresas para aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades con vistas a la inminente elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2019.

En Hacienda se revisan las deducciones del tributo que pueden suponer unos mayores ingresos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 prevén una recaudación en Sociedades de 24.258 millones, un incremento del 6,5% sobre la recaudación de 2016.

Así, junto con algunas medidas sobre beneficios a la banca y de una revisión de los tipos especiales, entre otros asuntos, se estudian nuevos límites a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores -bases imponibles negativas- con rentas positivas de los periodos siguientes como medida estrella de un conjunto de modificaciones sobre el Impuesto sobre Sociedades, que pretenden incrementar hasta en 15.000 millones de euros los ingresos del Estado con vistas a la próxima elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Las fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de establecer una rebaja en el límite de la base imponible para las grandes empresas que, desde la reforma de 2016, se encuentran limitadas al 25% para empresas con un volumen de negocio de más de 60 millones de euros en el ejercicio a compensar -era del 50% en 2011- y al 50% para las compañías que facturen entre 20 y 60 millones -que en 2011 era del 75%-. El límite general para las empresas medianas y pequeñas está establecido en el 70%.

Estas medidas, como ya ocurriese con la reforma de 2016, obligarán a las empresas a revisar sus créditos fiscales de los balances y retirar la parte que no pueda ser compensable. Ahora, las empresas deben justificar cuáles son los activos que pueden compensar en un periodo prudencial y sacar del balance el resto. Este deterioro incide sobre la cuenta de resultados, con lo que reduce el beneficio en el ejercicio.

La medida, sin embargo, no sirvió en 2016 para elevar la recaudación por Sociedades más allá de los 1.500 millones de euros, según el informe de ejecución presupuestaria de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Por ello, se estaría analizando, además, la posibilidad de introducir una reducción en la cantidad total que se autoriza a compensar, que es de 1 millón de euros por ejercicio, según se establece en el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Incluso, aunque no parece la más deseada, imponer un límite al periodo en que es posible abordar esta compensación, que en la actualidad es limitado.

En el Plan General de Control de la Agencia Tributaria para 2018, uno de los ámbitos prioritarios de actuación es la prestación especial atención, por lo que afecta al Impuesto sobre Sociedades de los grupos fiscales, a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, tanto del grupo como de las individuales previas a la incorporación al grupo, así como a la composición y la posible integración entre grupos derivada de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.

En los últimos años, las cifras reales de recaudación siempre se han quedado por debajo de la estimación del Gobierno. La recaudación por Sociedades se ha reducido un 43,18% entre 2007 y 2017, desde los 44.000 millones de euros iniciales a los 25.000 millones de euros del año pasado.

Según el informe sobre recaudación tributaria y tributación empresarial de la CEOE, en lo que se refiere a las bases imponibles, el 63,09% del total de 1.119.867 empresas activas declarantes del Impuesto en 2014 -ejercicio con últimos datos consolidados disponibles- presentaban bases imponibles negativas; y un 36,91%, bases imponibles positivas. La cifra de empresas con bases imponibles positivas descendió desde 2007 a 2012 y se ha venido recuperando desde entonces.

Las empresas muy pequeñas, por debajo del millón de euros de facturación, son las que concentran el mayor porcentaje de bases imponibles negativas. Entre un 59,55% antes de la crisis hasta un 67,17% en 2014, si bien su evolución también es descendente desde 2012.

El reconocimiento de 'números rojos', clave para la solvencia de la banca

El sector financiero es uno de los que teme una subida de impuestos. Expectativa que indirectamente la ministra de Economía alentó este miércoles al señalar que "queremos una economía robusta, pero que sea justa con los ciudadanos". Lanzar una tasa nueva- que se tendría que aprobar en el Congreso- para recaudar 1.000 millones adicionales, equivaldría al 10% del beneficio del sector en España en 2017. Si se opta por aplicar una medida similar a la que se estudia para el conjunto de empresas -limitar el uso de pérdidas pasadas- la iniciativa sería especialmente sensible; ya que podría afectar a la solvencia de las entidades. Los bancos españoles tienen reconocidos en su ratios activos fiscales diferidos que computan como capital de primera calidad, porque están garantizados por el Estado. Moody's calcula que si estos activos desaparecieran, la banca española se colocaría a la cola en Europa en cuanto a su ratio CET 1 (Common Equity Tier 1). En total, las entidades acumulan aproximadamente unos 50.000 millones en activos fiscales garantizados por el Gobierno, que equivaldrían a un 60% del total de activos fiscales que atesoran. Fuentes consultadas señalan que, con una nueva de edición de los test de estrés de la EBA en marcha, tocar las garantías otorgadas en este tipo de activos generaría inestabilidad, por lo que es probable que se exploren otras vías. Kepler ve posible que se elimine la deducción por intereses de Cocos emitidos.