miércoles, 18 de julio de 2018

La inútil prohibición legal de las amnistías fiscales

Juan Rallo analiza el enésimo ejercicio de propaganda del PSOE de Pedro Sánchez con su inútil ley de prohibición de amnistías fiscales. 

Artículo de El Confidencial:
Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en el pleno extraordinario para informar de su programa de gobierno. (EFE)El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en el pleno extraordinario para informar de su programa de gobierno. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar muy solemnemente ante las Cortes que prohibirá por ley la aprobación de nuevas amnistías. ¿Cómo ningún Ejecutivo previo había tenido la decencia de hacerlo hasta la fecha? ¿Cómo es posible que todos los gobernantes precedentes hubiesen dejado semejante flanco descubierto a las maledicencias tributarias?
En realidad, el anuncio de Sánchez —como casi todo lo que ha venido haciendo este Gobierno hasta la fecha— apenas constituye un mero ejercicio de propaganda (pre)electoral. A la postre, todo aquello que se prohíbe mediante una norma con rango legal puede habilitarse nuevamente mediante otra norma con rango legal. O dicho de otra forma: si Sánchez consigue aprobar en el Parlamento su ley contra las amnistías fiscales y, pasados los años, algún otro Gobierno desea aprobar una nueva amnistía fiscal, solo le será necesario aprobar una ley que derogue la de Sánchez. Nada más.
Acaso se piense que, al menos, este movimiento del líder socialista obligará a ese futurible Ejecutivo a retratarse en el Parlamento impulsando —con el consiguiente debate público— una ley en defensa de las amnistías fiscales. Pero, tras la última sentencia del Tribunal Constitucional, ya resultaba indubitadamente imprescindible que cualquier nueva amnistía fiscal se aprobara mediante ley (en lugar de mediante un decreto-ley, tal como hizo Montoro en 2012): el intérprete último de nuestra Carta Magna ya había remarcado, a tenor del artículo 86.1 de la Constitución, la reserva legal de aquellos elementos esenciales que determinaran la obligación tributaria.
En otras palabras: con el anuncio de Sánchez, nada cambia. Por un lado, cualquier Ejecutivo que quisiere aprobar una amnistía fiscal ya necesitaba acudir al Parlamento para hacerlo aun sin la ley que piensa promover ahora el PSOE; por otro, aun con la nueva ley antiamnistías en vigor, cualquier Gabinete que logre el apoyo de las Cortes a una nueva amnistía fiscal podrá sobreponerse a la prohibición (legal) de las amnistías fiscales.
Tan es así, de hecho, que en 2012 las amnistías fiscales ya se encontraban prohibidas merced a una norma de rango legal. Y es que el Gobierno socialista de Felipe González, justo después de haber aprobado su segunda amnistía fiscal, decretó en los Presupuestos Generales del Estado de 1992 la prohibición de toda sucesiva amnistía o regularización fiscal. Lean si no la disposición adicional vigésimo primera del citado texto legislativo:
A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal ni se establecerán otras regularizaciones análogas a las contenidas en la Disposición Adicional Decimotercera y en el punto uno de la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
¿Y en qué medida esta prohibición maniató a Montoro a la hora de aprobar su propia amnistía fiscal en 2012? En ninguna. De nada sirve prohibir por ley aquello que solo podía aprobarse ya mediante una ley de idéntico rango que el de aquella que lo prohíbe. Estamos, pues, ante una mera señalización publicitario-ideológica de Sánchez: “Me opongo con tanta rotundidad a las amnistías fiscales que voy a ritualizar su (estéril) prohibición por ley”. Un gesto con el que solo se le está susurrando al electorado adoctrinado aquello que quiere escuchar aun cuando, en el futuro y si las circunstancias lo requirieran, cualquier Gobierno —incluido el del propio Sánchez— podría obrar de un modo radicalmente opuesto al difundido hoy.
Al cabo, ¿saben quién fue el último político que propugnó prohibir por ley las amnistías fiscales? Sí, su más reciente perpetrador: el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Hablar —o tomar decisiones sin trascendencia alguna— sale gratis: ¿por qué entonces no emborrachar con palabras y ceremonias vacías a un electorado que reclama justamente esas palabras y ceremonias vacías? Eso ha hecho hoy Sánchez como hace un año lo hizo Montoro.

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