El Gobierno pagará este septiembre a los funcionarios los atrasos en las nóminas de todo el año

Y sigue la fiesta. No se aprende nada, y es otro síntoma de que se volverá a padecer (y de manera intensa) por lo mismo que sufrieron millones de personas. 

Son precisamente los que menos han padecido la crisis (o directamente no la han padecido, habiéndose beneficiado incluso de los tipos extraordinariamente bajos de interés y la caída de precios), es decir, los que viven del Estado a costa de extraer rentas a terceros de manera impuesta los que más se ven beneficiados. 

Y lo más grave de todo, es que es precisamente el sector público (la tercera burbuja de la economía española, junto con la productiva, focalizada en el sector inmobiliario, y la financiera, siendo la única que no ha explotado y es cada vez más grande) el único que lejos de reducir su tamaño, para aliviar la carga de millones de ciudadanos, sigue aumentando sus beneficios de manera diversa (menos horas de trabajo, más contrataciones, más salarios, devolución de beneficios pretéritos con efectos retroactivos ante la cuasi quiebra del Estado...) a costa del creciente esfuerzo del sector privado, que ve como sus impuestos siguen aumentando sin fin de récord histórico en récord histórico y su ahorro y salarios netos reduciéndose...

Artículo de Voz Pópuli:

En el marco de la lucha del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)para lograr mejoras salariales de los funcionarios públicos, el director general del Ministerio de Política Territorial y Función Pública Javier Rueda ha adelantado que el Gobierno aplicará la subida salarial en la nómina del mes de septiembre, con los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año.

Una buena noticia que acogen desde el sindicato quien tiene prevista una reunión con la ministra Meritxell Batet el próximo 16 de julio en la que esperan abordar, además de ésta, otras cuestiones que permitan "pasar página definitiva a los recortes de la crisis, avanzar hacia la recuperación y trasladar las reformas que necesita nuestras administraciones públicas", señalan desde el CSIF.

Así mismo, el sindicato también ha trasladado la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció durante la crisis una jornada mínima de 37,5 horas, con el fin de que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas.

Otras de las mejoras ya anunciadas y previstas por el Ejecutivo es la de aprobar la oferta pública de empleo en la AGE, correspondiente a 2018, en el Consejo de Ministros del 27 julio, incluido las plazas para estabilizar personal interino. CSIF reclama que en ésta se resuelvan las necesidades de personal de los distintos departamentos y se incorporen al menos 6.000 plazas dirigidas a la promoción interna.

Más peticiones

CSIF pretende que se avance igualmente en otras cuestiones fundamentales para la Administración General del Estado:

• Bolsas de horas para la conciliación familiar (hasta el 5 por ciento de la jornada, equivalente a 80 horas, acumulables en días).
• Fondos adicionales para mejorar las retribuciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado, equiparación con Cataluña y carrera profesional). CSIF plantea un acuerdo a 3 años para mejorar las retribuciones.
• Recuperar la estructura salarial previa a la bajada de sueldos que se produjo en 2010, con el inicio de la crisis, incluido las pagas extras.
• Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (estableciendo, entre otras cuestiones, el desarrollo de la carrera profesional, la implantación de la Ley de Función Pública de la AGE o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones).
• Desbloqueo del IV Convenio único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances.
• Aplicación de la jubilación parcial para el personal de la AGE.
• Desarrollo de un macroconcurso de traslados en la Seguridad Social. El director general se reunirá mañana mismo con el equipo de la Seguridad Social para desbloquear el citado macroconcurso. CSIF pide que se cubran todas las plazas vacantes y las ‘resultas’, que se adecúen las RPTs teniendo en cuenta las jubilaciones previstas y se termine con la política de nombramientos en comisión de servicio ‘a dedo’.
• Resolver el conflicto salarial en el colectivo de prisiones y avanzar hacia la equiparación con el personal de Cataluña.
• Revisión salarial del personal laboral en el exterior. El director general se compromete a analizar esta cuestión en la Comisión Interministerial de Retribuciones. Tras años de congelación salarial y abandono de este colectivo, que sufre las consecuencias de la inflación en los países de destino.