martes, 10 de julio de 2018

Los funcionarios de autonomías que cumplan el déficit trabajarán 35 horas

Y sigue el despropósito en favor de las élites extractivas a costa del trabajador del sector privado de donde obtienen dichos privilegios de manera impuesta (peor/menor servicio e impuestos más altos, es decir más renta y salario en sus bolsillos, menos horas de trabajo, menos horas dedicadas al servicio al ciudadano o más contrataciones para igualarlo), lo que implica al ciudadano de a pie, menos salarios reales (más impuestos, menos renta disponible), más desempleo en el sector privado (menos recursos para generar empleo, que es absorbido por el sector público), menos inversión y distribución eficiente de los recursos (no se distribuye en función de las demandas y prioridades de las personas, que surgen del mercado, sino de la decisión arbitraria del político, que lleva a despilfarro, ineficiencia y gasto no demandado prioritaria o necesariamente, siendo distribuido en gran medidas a lobbies y grupos de presión). En definitiva, más paro y menos salarios en el sector privado y a nivel global, más ineficiencia, deuda y despilfarro, menos satisfacción de las necesidades prioritarias de la sociedad, menos prosperidad y más desigualdad (de la mala, no de la que surge por premiar a quien mejor y en mayor medida satisface las necesidades de la sociedad). 
Cristina Alonso informa en el siguiente artículo. 

Artículo de El Economista: 
meritxell-batet-entrevista-elisa-senra.jpgLa ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Foto: Efe.
Los empleados públicos podrán recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales si así lo acuerdan con las administraciones en las que trabajan y siempre que éstas estén saneadas, es decir, cuando en el ejercicio presupuestario anterior hubieran cumplido los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto.
Fue uno de los logros que arrancaron los funcionarios al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Su Ejecutivo llegó a Moncloa en diciembre de 2011 con una estricta agenda de ajustes para evitar el rescate de la economía española. El segundo Consejo de Ministros aprobó elevar la jornada semanal de la función pública y de las empresas de titularidad estatal de 35 a 37,5 horas y, con la recuperación económica, revertir esta normativa -que impidió que comunidades como País Vasco y Castilla-La Mancha, y municipios como Madrid, pudieran reducir la jornada- ha sido una de las principales reclamaciones de los sindicatos.
Ahora, con la aprobación de los Presupuestos que elaboró el Partido Popular y que incluyen el acuerdo alcanzado con los empleados públicos, el Gobierno socialista eliminará la jornada laboral mínima de 37,5 horas. Así se lo transmitió el lunes el director general de Función Pública, Javier Rueda, al vicepresidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), durante la reunión preparatoria de cara al encuentro con la ministra Meritxell Batet el próximo lunes, 16 de julio.
Tras la reunión, el sindicato también adelantó que la ministra ofrecerá un acuerdo para eliminar los descuentos en la nómina de los empleados públicos por incapacidad temporal. Una "voluntad de diálogo" que valoran desde CSIF, en un momento en el que hay que "pasar página definitiva a los recortes de la crisis".
CSIF también explicó que el Ministerio tiene previsto aprobar otro tramo de la oferta de empleo de 2018 en el último Consejo de Ministros de julio, el día 27, y que incluirá las plazas para estabilizar al personal interino. Asimismo, reclamó al Gobierno que incorpore al menos 6.000 plazas dirigidas a la promoción interna.
En el ámbito salarial, el director general adelantó que el Gobierno aplicará a los empleados públicos la subida de 2018 en la nómina del mes de septiembre, con los atrasos correspondientes desde el 1 de enero. Recordemos que para este año Montoro mejoró su oferta inicial a los sindicatos hasta alcanzar un incremento del 1,75%.

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