Juan Rallo analiza las hipócritas e interesadas reivindicaciones del gremio monopolístico del taxi y la mejor solución para llevar a cabo (incluso para cumplir con la cuota que se exige, de por sí artificial y contraria a la libre competencia, la mejora de la oferta y el bienestar de los clientes y consumidores), que por supuesto, no quieren asumir para imponer su propio interés mediante el uso de la fuerza (como lobby del poder político) a costa y en perjuicio del resto de la sociedad.
Artículo de El Confidencial:
Huelga de taxis en Barcelona. (EFE)
Que la mayoría de taxistas se han instituido en un gremio cuyo único propósito es restringir la competencia para asegurarse rentas oligopolísticas es algo que debería quedar suficientemente acreditado a tenor de la reciente huelga indefinida del sector. Al cabo, su principal exigencia en estas movilizaciones pasa por que el Ministerio de Fomento busque alguna rendija legal —como la que trató de aplicar Ada Colau— para suspender retroactivamente alrededor de 5.000 licencias VTC.
¿Su brillante argumento? Que la actual Ley de Ordenación del Transporte Terrestre establece que no puede haber más de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxis (proporción 1/30) y, pese a ello, el número de vehículos VTC se ubica alrededor de los 7.000 para unos 70.000 taxis (proporción 1/10) debido a todas las licencias VTC que se concedieron antes de que tal limitación se hallara en vigor.
Debería ser obvio que si queremos reducir una proporción desde 1/10 a 1/30 existen dos formas de hacerlo: la primera es reduciendo el numerador (a saber, el número de licencias VTC); la segunda, ampliando el denominador (a saber, el número de licencias de taxi). Extrañamente, al gremio del taxi tan solo se le está ocurriendo exigir una forma —recortar la cuantía de VTC— para acercarnos a la proporción legal de 1/30: la forma que, además, resulta más complicada de implementar desde un punto de vista jurídico y más nociva desde el punto de vista del usuario pero que, cómo no, encaja mejor en los intereses crematísticos del gremio.
A la postre, desde un punto de vista jurídico, ¿cómo retirar retroactivamente licencias VTC que, en su momento, se concedieron de acuerdo con la ley? ¿Cómo plantear la adopción retroactiva de una disposición limitativa de derechos personales? A su vez, desde el punto de vista del usuario, ¿cómo justificar que alrededor de 5.000 vehículos VTC que, en la actualidad, están prestando servicios suficientemente apreciados por los ciudadanos vayan a desaparecer para que esos servicios o bien no sean prestados por nadie o bien lo sean por alternativas que los propios usuarios, según nos revelan sus elecciones, consideran peores? ¿Cómo juzgar positivo para el usuario que se le limiten las opciones que actualmente tiene a su disposición?
Sucede que, como ya hemos indicado, existe otra vía de que la ley sea respetada y de que se mantenga la proporción 1/30 entre VTC y taxis: una vía que no pasaría por conculcar los derechos adquiridos de los tenedores de licencias VTC, sino por respetarlos; una vía que no perjudicaría al usuario restringiendo sus opciones de elección, sino que las ampliaría. ¿Cuál es esa vía? Incrementar el número de licencias de taxi desde las actuales 70.000 hasta 210.000. De tal forma, se restablecería por el lado del denominador la proporción legal 1/30.
Personalmente, soy partidario de acabar con el anacrónico sistema de licencias de taxi y VTC. Es decir, que para ejercer semejante profesión no sea necesaria otra autorización que el mero carné de conducir (o, como mucho, un carné especial que pudiera lograrse apenas superando el pertinente examen acreditativo de formación y capacidad). Sin embargo, en medio de esta huelga con propósitos espurios, es necesario poner de manifiesto la hipocresía reivindicativa del gremio utilizando la propia lógica del (perverso) sistema que este promueve: si los taxistas solo reclaman menos licencias VTC y no más licencias de taxi para cumplir con la ley es porque, en el fondo, lo que buscan no es cumplir con la ley, sino instrumentar lobísticamente la ley para restringir la competencia en su privativo beneficio y en perjuicio del resto de la sociedad.
Terminemos con la huelga otorgando 140.000 nuevas licencias de taxi a todos aquellos españoles que las soliciten. Así respetaremos la proporción 1/30 que marca ley, diluiremos el poder chantajista del gremio del taxi e introduciremos competencia en el sector también contra los actuales vehículos VTC. Los únicos que perderían con tal operación serían aquellos que pretenden especular en el mercado secundario con sus licencias de taxi o VTC (cuya oferta se halla artificialmente contingentada) y aquellos que se sientan incapaces de ofrecer un mejor servicio al usuario. Es decir, perderían justo aquellos que defienden la actual regulación estranguladora como forma opresiva de consolidar sus privilegios frente al usuario y la libre competencia.
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