miércoles, 18 de julio de 2018

Un Ministerio de la Verdad para las redes sociales

Antonio José Chinchetru analiza el Ministerio de la Verdad que pretenden imponer el PSOE con su nueva ley de Protección de Datos. 
Otro muy peligroso avance hacia el totalitarismo impuesto por el Estado y la censura (y autocensura) de la gente (saltándose a los jueces), en un claro atentado de la libertad de expresión e información, por supuesto, envuelto en la "supuesta defensa de la gente", para que no se sea consciente (en absoluto) de la gravedad de lo que se intenta implantar, ni de sus consecuencias. 
El mundo de Orwell cada día más cerca, en manos de totalitarios que se venden de libertadores. 


El Gobierno de Pedro Sánchez tiene prisa por sacar adelante la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. El proyecto tendrá que seguir los trámites parlamentarios habituales, por lo que se hará de esperar todavía un tiempo, pero no sabemos cuánto. El Ejecutivo apremia para que se apruebe antes del fin de la legislatura. Si se cumplen los planes del presidente por sorpresa que ahora reside en La Moncloa, esto significa hasta dos años. Pero en el Ejecutivo son conscientes de que nada garantiza que la alianza a múltiples bandas en la que se sustenta vaya a durar tanto tiempo. Por lo tanto, los plazos que manejan, posiblemente sean más cortos.
El proyecto de ley que se debate es obra del Ejecutivo de Mariano Rajoy, por lo que podría resultar extraño el interés en sacarlo adelante por parte del actual gabinete. La clave está en las enmiendas al articulado. Los diferentes grupos parlamentarios presentaron un total de, nada más y nada menos, 369. El récord lo ostenta PSOE. El partido de Pedro Sánchez propuso 93 modificaciones al texto original. Entre todas ellas se cuela una que, con la excusa de combatir las fake news, resulta especialmente peligrosa para la libertad de expresión.
Propone añadir un nuevo artículo que lleva el irónico título de “Libertad de expresión en internet”. La ironía radica en que su redacción lo que hace es atentar, en el ámbito digital, contra tan elemental derecho. El punto 2 es especialmente preocupante. Dice:
“Los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes de la sociedad de la información garantizarán la veracidad informativa”.
Continúa:
“A tal fin, se adoptarán y ejecutarán protocolos efectivos para, previa queja o aviso, eliminar contenidos que atenten contra el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
En la actualidad corresponde a los tribunales decidir si una información es veraz o no. Eso ya de por sí es peligroso y un recorte a la libertad de expresión. Se explicó en este mismo espacio hace seis años. Un juez podría considerar que equivocarse al dar una noticia no es un derecho constitucionalmente protegido. Incluso podría aplicar el mismo criterio a una información ofrecida de forma correcta cuando se tienen unos datos que se creen completos pero estos resultan parciales, lo que obliga a una modificación posterior de la información. Un ejemplo trivial, pero evidente, sería que un locutor gritara “gol” al transmitir un partido de fútbol y después el árbitro anulara el tanto. La información no habría resultado veraz, puesto que para ser considerada como tal se tendría que haber esperado a que se confirmara que dicho gol fuera válido.
Pero el PSOE, con su propuesta, va más allá. Pretende que los responsables de las redes sociales estén obligados a eliminar contenidos sin que lo ordene un juez. El partido ahora en el gobierno quiere que Facebook, Twitter y similares lo hagan cuando alguien diga que el texto publicado, o la noticia enlazada, no es veraz. Bastaría con que un usuario dijera que una información no responde a la realidad para que los responsables de las redes sociales estuvieran obligados a actuar contra ella.
Las consecuencias de este texto no se quedan ahí. La pregunta obvia es qué ocurriría si un usuario denuncia un contenido como no veraz y este no es retirado. Obviamente, la red social podría ser sancionada por algún órgano administrativo que, de hecho, funcionaría como un Ministerio de la Verdad. El PSOE no sólo pretende dictar qué versiones de la historia pueden ser difundidas y cuáles deben ser proscritas (lo cual ya es grave). También quiere establecer verdades oficiales sobre el presente.
Y toda esta pretensión se basa, por supuesto, en una gran mentira. En contra de lo que dice el texto presentado por el partido de Pedro Sánchez, no existen contenidos que atenten contra el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Que alguien cuente una mentira no impide que otro diga una verdad. Si un usuario enlaza a una información falsa en una red social no está bloqueando el acceso de sus contactos a noticias verídicas. El PSOE nos dice que quiere combatir las fake news amparándose en una gran falacia.
En realidad pretende ampararse en dos grandes mentiras. La otra gran falsedad en la que se basa la propuesta del partido del presidente del Gobierno español es que el Estado puede proteger a los ciudadanos de las fake news. Y esa sí que es la mayor de las fake news. La única defensa posible es el buen criterio de cada persona y un periodismo riguroso que sea merecedor del crédito del público.

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