Juan Rallo analiza la cuestión del creciente celo de la Administración contra el fraude fiscal, y de qué manera puede terminar perjudicando a todos los contribuyentes.
Artículo de su página personal:
Si el gobierno se niega a recortar el gasto, no queda otra que aumentar la recaudación para reconducir el déficit. Y si no se quiere asumir el coste electoral de un incremento de los tipos impositivos, a corto plazo sólo cabe reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Ciertamente, perseguir el fraude fiscal tiene buena prensa: consiste en forzar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones tributarias a que lo hagan. ¿Quién podría criticarlo? El propio Montoro ya nos aleccionó durante la pasada legislatura acerca de que los impuestos subían porque algunos irresponsables se escaqueaban de abonarlos. ¿Por qué tendrían que pagar justos por pecadores? De ahí que ayer mismo el ministro anunciara un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal centrado en ejercer un mayor control sobre la liquidación del IVA.
Mas no deberíamos ser tan sumamente ingenuos como para pensar que un mayor celo administrativo sobre el fraude únicamente termina perjudicando a los defraudadores. De entrada, el mayor control se materializa en un incremento de las obligaciones formales de todos los contribuyentes; éstos deberán destinar más tiempo y recursos a atender los requerimientos de información de la Agencia Tributaria: por tanto, el coste no monetario de cumplir con la ley aumentará.
Pero, además, esa mayor fiscalización pública bien puede terminar convirtiéndose en una subida de impuestos encubierta. Por un lado, hay ámbitos de la legislación tributaria caracterizados por su ambigüedad y sobre los cuales la Agencia Tributaria puede efectuar una interpretación restrictiva para incrementar la carga efectiva que soportan los contribuyentes. Por otro, la Agencia podría llegar incluso a saltarse abiertamente la normativa tributaria con la expectativa de que el ciudadano medio se abstendrá de recurrir ante los tribunales para ahorrarse el alto coste de litigar. En ambos casos, además, la mayor obligación tributaria arbitrariamente impuesta por la administración vendría acompañada de la correspondiente sanción que también engrosaría los ingresos públicos.
En suma, la lucha contra el fraude bien puede terminar convirtiéndose en un nuevo expolio sobre unos contribuyentes honrados pero totalmente desprotegidos frente al implacable rodillo de la administración.
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