Un nuevo paso más hacia el apartheid en Valencia, un paso más en la construcción de la buscada independencia y construcción de los països catalans.
Otro paso más hacia la imposición (nunca la convivencia), la marginación y la eliminación de la libertad del ciudadano a elegir.
Ese es el camino, sin pausa y sin freno, y que tiene muy claro, en la construcción impuesta a la fuerza desde la ley, no respetando la voluntad del ciudadano para dirigirse o emplear la lengua oficial que ellos libremente prefieran, sino la de imponer a la fuerza la que ellos elijan. Totalitarismo.
Paco Moreno se hace eco de la noticia en el siguiente artículo.
Artículo de Las Provincias:
Sergi Campillo, durante su comparecencia ayer tras la junta de gobierno. :: lp
Nueva vuelta de tuerca del tripartito municipal para el predominio del valenciano como lengua única en el Ayuntamiento. El concejal de Contratación, Sergi Campillo, anunció ayer la introducción de una cláusula lingüística en los nuevos concursos, de tal modo que las empresas adjudicatarias tendrán que utilizarlo en todas las comunicaciones que tengan con las delegaciones, de la misma manera que ocurrirá con las que hagan al exterior, como carteles o señales.
Esto dejará sin opciones a las compañías que no asuman la lengua autóctona de cara a presentarse a concursos. «Hemos detectado que las contratas no usan el valenciano como marca la normativa», dijo tras la junta de gobierno, que aprobó el primer concurso donde se aplicará esta cláusula, el referido a la limpieza de los colegios, mercados y edificios municipales.
El Consistorio ya aprobó hace unos meses que todas las comunicaciones internas entre funcionarios fueran en valenciano, al igual que las dirigidas a los ciudadanos salvo que hicieran petición expresa de castellano. La nueva medida conduce la deriva a un escenario similar al registrado en Cataluña hace años, al calor del movimiento independentista. La anterior iniciativa fue solicitar a la Generalitat que el nombre oficial de la ciudad sea 'València', con una denominación única en valenciano en lugar de bilingüe.
El edil no dejó lugar a dudas, al indicar que las adjudicatarias deben aplicar la Llei d'Ús y el reglamento de uso y normalización del valenciano en «en todas las comunicaciones y en el resto de documentación que se tramite, así como en toda comunicación al exterior, como cuando se hace una obra o se corta una calle. Todo eso debe cumplir con la Llei d'Ús», comentó sobre la cartelería habitual de cortes de tráfico.
Igual que ocurre con el resto de las cláusulas que implantará el gobierno municipal, el edil de Compromís señaló que el incumplimiento supondrá sanciones, que no concretó, por incumplimiento de las condiciones lingüísticas. En un comunicado posterior, el Consistorio indicó que «se use preferentemente la lengua propia», aunque Campillo aclaró en su comparecencia que las cláusulas no servirán para mejorar la puntuación en los concursos, sino que serán todas obligatorias, incluida la referida al valenciano.
Es más, el delegado de Contratación comentó que las traducciones han de hacerlas las empresas, no el Gabinete de Normalización del Ayuntamiento, reforzado este mandato con más funcionarios. «No usaremos los recursos del Ayuntamiento, no aceptaremos que lo utilicen como su oficina de traducción para poner los carteles o las comunicaciones de cara a la ciudadanía».
Campillo recordó el deseo del gobierno municipal de «hacer una transición lingüística en el Ayuntamiento», para indicar a preguntas de LAS PROVINCIAS que esta inmersión al valenciano no se hará, al menos de momento, en la documentación que deben entregar las empresas en los concursos. «La contratación tiene una documentación muy extensa, contratos muy largos, y lo que hablamos es que las comunicaciones con el Ayuntamiento y externas tendrán que ser en valenciano una vez se haya formalizado». Añadió que «lo ideal es que todo estuviera en valenciano desde el minuto cero, pero somos conscientes de que es difícil y vamos a hacer una transición de manera correcta».
La medida se tomará con los nuevos concursos, dado que «no se puede obligar a una empresa que ya tiene contrato. Eso no quiere decir que no incidimos en ellas para que se pongan en la misma línea, pero de manera legal no están obligadas».
Lo mismo regirá en las concesiones, dado que «son procesos de contratación pública». En las empresas municipales, comentó que algunas de las cláusulas no se incluirán por la naturaleza de las tareas, como servicios especializados, aunque tampoco las descartó. «Iremos colocando las cláusulas en cada contrato con una política de máximos», subrayó por último el edil.
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