Francisco S. Jiménez y Eduardo Ortega muestran otra subida fiscal planteada y trasladada al Congreso. Subir las bases máximas de cotización para pensiones de rentas altas (10-12% adicional) que supone otro sablazo salarial, no compensado en sus pensiones futuras (están limitadas), y cuyo coste también es compartido por las empresas que pagan dichosa salarios.
Y por supuesto, todas las subidas planteadas y aprobadas hasta ahora no se van a quedar aquí, pues las recaudaciones estimadas están infladas y el gasto no para de crecer (no cerrándose nunca el déficit) por lo que, como reconoce la propia autoridad fiscal, se tendrán que tomar nuevas medidas fiscales adicionales.
Fantástico en una economía en desaceleración, y a pocos meses de que el BCE deje de comprar deuda soberana española (con lo que esto supone)...pero que el gasto público (que convierten en estructural) no pare. Luego vienen los lloros.
Artículo de El Economista:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno busca cuadrar los Presupuestos de 2019 volviendo a exprimir a las rentas más altas con un aumento en la cotización de las bases máximas entre un 10% y un 12% para aumentar la recaudación hasta en 1.100 millones, según ha confirmado la AIReF.
El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha adelantado que el Gobierno ha trasladado al propio supervisor fiscal que va a aumentar las bases máximas de cotización entre un 10% y un 12%, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
En 2018 la base máxima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social está en 3.751,20 euros al mes. En casos de aplicarse la medida se situaría entre 4.126 euros y 4.201 euros y afectaría a los salarios más altos. Aunque solo un 15% de los afiliados a la Seguridad Social se mueven por encima de la base máxima, la medida la tendrían que soportar en parte las empresas, además de soportar el incremento del salario mínimo a 900 euros.
En las rentas más altas ya ha recaído el aumento de presión fiscal del acuerdo presupuestario acordado con Podemos. Las rentas que superen los 130.000 euros verán como el IRPF aumenta del 45% al 47% si se aprueban los presupuestos y el tipo pasará al 49% para los contribuyentes que ganen más de 300.000 euros anuales.
Los presupuestos también incluyen un incremento de un punto el Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas con más de 10 millones de euros.
La medida no se ha hecho pública, pero se está perfilando con el impacto que tendrá en la recaudación por parte del Ejecutivo, ha indicado Escrivá.
Además, la autoridad fiscal ha advertido de que hay más de un 50% posibilidades de que se tengan que tomar medidas fiscales adicionales a mitad de año para cuadrar el déficit y cumplir con el objetivo pactado con Bruselas del 1,8% para 2019. No hay que olvidar que dado que el Gobierno no ha logrado aprobar su senda fiscal para 2019, en realidad el déficit al que se tendrán que someter las Cuentas el próximo año será del 1,3%, cinco décimas menos. Es decir, todo indica que se tendrá aplicar nuevos ajustes fiscales si no hay nuevo techo del gasto.
Sin tener en cuenta este ajuste dentro del 1,3% de objetivo, la AIReF estima que los presupuestos tienen un desfase en los ingresos entre 580 y 2.100 millones y en los gastos unos 300 millones por la subida de las pensiones y la eliminación del copago de medicamentos. La medida de que las rentas más altas paguen más a la Seguridad Social va encaminada a cuadrar este desajuste.
En total, la AIReF prevé que las medidas de ingresos incluidas en el plan presupuestario del Gobierno para 2019 recauden entre 5.078 y 6.598 millones, frente a los 7.178 millones calculados por el Ejecutivo.
Para las medidas sobre el impuesto de sociedades, el IRPF, el impuesto sobre hidrocarburos (diésel) y el IVA, la Autoridad calcula unos rangos de ingresos que están en línea con las previsiones gubernamentales.
Sin embargo, considera sobrestimados los referidos a las nuevas figuras impositivas, así como las medidas de lucha contra el fraude, ya que la limitación de pagos en efectivo, el refuerzo de la lista de morosos y las mejores prácticas internacionales cree que podrían recaudar entre 350 y 570 millones, frente a los 828 millones previstos por el Gobierno.
Por otro lado, Escrivá también ha dado un tirón de las orejas a las autonomías. Ha avisado que hay en la segunda mitad de este 2018 ya se está dando "un deslizamiento del gasto más allá de las reglas fiscales" en ellas y aconsejó al Gobierno que se empleen las herramientas que figuran en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poner coto al gasto autonómico.
La previsión de la AIReF es que el déficit público se desvíe al 2,8% del PIB en 2018, una décima por encima del 2,7% pactado por el Gobierno socialista con la Comisión Europea.
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