Elentir se hace eco del varapalo judicial a la censura ideológica que impusieron PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en Madrid, con una ley, que por supuesto sigue (y seguirá) vigente.
Artículo de Contando Estrelas:
Hace dos años os hablé aquí de una ley autonómica aprobada por el PP, Ciudadanos, el PSOE y Podemos, que vulneraba derechos como la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
Pisoteando derechos fundamentales para blindar la ideología de género
La ley en cuestión se aprobó en la Asamblea de Madrid, y en este caso la excusa para recortar derechos fundamentales fue la “protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual”, una medida innecesaria, puesto que el Código Penal ya incluye disposiciones en ese sentido. La ley fue una iniciativa del PP que los demás partidos acabaron radicalizando aún más. Finalmente, el 14 de julio de 2016 la ley fue aprobada con el apoyo de PP, Cs, PSOE y Podemos y publicada por el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid (ver PDF) el 21 de julio de ese año. Aunque las excusas más vendidas fueron que era una ley para combatir la homofobia y la transfobia, en la práctica la ley incluía disposiciones abiertamente contrarias a la Constitución para perseguir a quienes discutiesen las tesis de la ideología de género, una teoría anticientífica surgida del marxismo pero que la derecha acomplejada ha asumido sin rechistar.
El PP pidió el voto para frenar a Podemos y luego aprobó una Ley Mordaza junto a los podemitas
Aquella fue la enésima traición del PP a sus votantes. Un año antes, en las elecciones locales y autonómicas de 2015, el PP había pedido el voto para frenar a Podemos, y finalmente acabó aprobando una Ley Mordaza junto a los podemitas. Y no se conformó con eso. Cuando varios obispos de la Comunidad de Madrid criticaron la ley por ser un “atentado” contra derechos fundamentales, citando la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de educación, la libertad de expresión y la presunción de inocencia, la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes les desautorizó para hablar en nombre de la Iglesia. En las semanas siguientes, Cifuentes y otros miembros del PP dijeron que era “mentira” que esa ley recortase libertades.
La Inspección educativa y la Fiscalía no vieron motivos de sanción, pero a Cifuentes le dio igual
El PP no tardó en dejar en evidencia sus mentiras. A finales de septiembre de 2016, Cifuentes ordenó una investigación contra el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón por el mero hecho de criticar esa ley en una carta. La persecución a este director estuvo jaleada por medios de izquierdas y grupos LGTB, a los que el PP de Madrid ha estado obedeciendo con un servilismo pasmoso. En diciembre de 2016, y después de que la Inspección educativa y la Fiscalía no hallasen motivos para sancionar al director, Cifuentes -usurpando funciones de los jueces- decidió imponerle una multa de 1.000 euros, y todo -insisto- por discrepar de una ley: una sanción propia de una dictadura. La presidenta madrileña anunció la sanción ante los micrófonos de la Cadena SER, para reafirmar su obediencia a los dictados progres.
Usaron la Ley Mordaza para imponer sanciones contra el criterio de la Justicia
No fue la única cacicada del gobierno regional del PP al amparo de esa Ley Mordaza. Ese mismo mes de diciembre, Cifuentes ordenó otra sanción contra la asociación HazteOir.org, en este caso de 1.500 euros, por publicar un libro criticando los abusos de las leyes de adoctrinamiento sexual (ver PDF), leyes como la que estaba usando Cifuentes para usurpar funciones de los jueces y pisotear la libertad de expresión, con el inestimable apoyo de su partido. En este caso se da la circunstancia de que ni la Fiscalía ni la Justicia observaron delito de odio en dicho libro. De esta forma se confirmaba que unos políticos estaban usando una ley totalitaria para erigirse en jueces e imponer sanciones a su antojo y sin ninguna garantía judicial. Lo que tal vez no esperaban los impulsores de esa ley es que los censurados se defenderían. Tanto HazteOir.org como la Fundación Educatio Servanda, impulsora del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, recurrieron las sanciones a la Justicia para defender sus derechos y los de todos.
Un Juzgado confirma que se lesionaron hasta diez derechos fundamentales
La primera sentencia sobre esos recursos se conoció ayer: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº10 de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid por lesionar hasta diez derechos fundamentales del director del colegio Juan Pablo II. La sentencia, que no admite recurso, condena al gobierno regional a la devolución del importe de la sanción al director, más los intereses, y al pago de las costas. La sentencia señala que “la propia Administración reconoce que el actor lo que ha emitido es una crítica a la Ley 3/2016”, y que “desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación”. El Juzgado advierte, además, que la Comunidad de Madrid se sirvió de “expresiones descontextualizadas” para sancionar al director. Da la feliz “casualidad” de que la sentencia se ha publicado precisamente el día que se cumplían 40 años de la elección de San Juan Pablo II como Papa.
Los partidos y medios que jalearon la mordaza ahora ocultan la sentencia
Esta sentencia es un motivo de celebración para quienes defendemos la libertad, y un gran varapalo jurídico para quienes han pisoteado derechos fundamentales con la excusa de la lucha contra la discriminación. Significativamente, ayer ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PSOE ni Podemos quisieron hacer referencia alguna a esa sentencia. ¿Una forma cobarde de tirar la piedra y esconder la mano? Peor aún: quienes tienen la misión de informar han preferido callar en la mayoría de los casos.Además de la propia web del colegio, la noticia sólo ha aparecido en Actuall, Diario Vasco, La Vanguardia, Infocatólica, Infovaticana, Religión en Libertad, GaudiumPress y Gloria.tv.
A pesar de que la noticia la ha difundido la agencia Efe, las grandes televisiones, emisoras de radio y periódicos nacionales han ocultado la sentencia. Recordemos que Televisión Española, Telemadrid, Antena 3, La Sexta, Telecinco, la Cadena SER, El País, El Mundo, Abc, La Razón, Europa Press, El Español, Público y El Diario de Ignacio Escolar jalearon la persecución contra ese colegio, pero ahora silencian la sentencia que le da la razón.
Por mi parte, pienso acordarme de todo lo que acabo de señalar la próxima vez que el PP vuelva a lanzar el anzuelo del “voto útil” para frenar a Podemos, sobre todo teniendo en cuenta que esa ley totalitaria sigue vigente y los cuatro partidos que la apoyaron no han manifestado ni la más mínima intención de derogarla, a pesar de que ya ha quedado en evidencia que lesiona derechos constitucionales. De socialistas y comunistas ya no espero nada, pero me pregunto: ¿es esto lo que Pablo Casado y Albert Rivera entienden por defender la libertad?
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