PSOE y Podemos otorgan carta blanca a los piquetes violentos

Otro punto que ha pasado desapercibido en el pacto de PSOE y Podemos, en relación a atacar el derecho al trabajo legitimando y despenalizando la violencia sindical contra quienes no les obedezcan. 

Otra muestra de cesión a lobbies y en favor de la violencia y contra la libertad de los ciudadanos. 

Eso sí, luego se presentan como defensores de las libertades, los derechos humanos, la paz...

Patricia Malagón se hace eco en el siguiente artículo. 

Artículo de Libre Mercado: 

Una imagen de una huelga | David Alonso

El Partido Socialista y Podemos ya han pactado las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que tendrán que ser debatidos en el Congreso y en el Senado y aprobados en ambas cámaras, algo que se torna complejo. Uno de los puntos que ha resultado de ese pacto es la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que regula el derecho de huelga en tres puntos:

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

El punto que se quiere derogar es precisamente este último, el número 3. De esta manera, los piquetes que coaccionasen a otros trabajadores a hacer huelga ya no serán castigados con penas de prisión. Mientras que los dos primeros puntos sancionan a aquellos que impidieran el derecho a hacer huelga, este último punto sanciona a quienes impiden hacer uso del derecho a trabajar y a no secundar una huelga. Es decir, el derecho a trabajar quedaría limitado frente al derecho a hacer huelga. Además, no se ha hablado de las sanciones que recibirían los piquetes por coaccionar e impedir que otros trabajadores eligiesen libremente no hacer huelga.

Con la ley actual, los piquetes deben limitarse a tareas informativas y de propaganda de las razones de huelga. Cualquier actuación que vaya más allá de este cometido se puede considerar ilegal, en tanto que trata de impedir el ejercicio del derecho al trabajo.

Los sindicatos llevan tiempo queriendo derogar ese punto del Código Penal, pero no solo ellos. En 2016, cuando el PSOE y Ciudadanos pactaron un plan de Gobierno en la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez, ambas formaciones acordaron derogar este punto.