Juan R. Rallo echa por tierra la retórica populista del PSOE y Podemos al respecto de los recortes, de la casta, y de que todo se soluciona subiendo los impuestos a los ricos.
Artículo de El Confidencial:
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
Durante años, hemos podido escuchar al PSOE y sobre todo a Podemos declarar que el déficit público no era un problema de gastos sino de ingresos: la falta de voluntad política para apretarles las tuercas a los más poderosos nos obligaba a recortar innecesariamente los desembolsos estatales a la hora de reconducir nuestro desequilibrio presupuestario. En lugar de meterle la tijera a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a los funcionarios, a los parados, a la cultura, a la política de vivienda, a las infraestructuras o a los servicios municipales, habría bastado con recaudar más a costa de las rentas altas, de las grandes fortunas, de las multinacionales, de las sicavs o de los defraudadores. La 'gente' no tenía por qué verse afectada si tan solo se plantaba decididamente cara a la 'casta'.
“Dinero hay”, se nos repitió incesantemente: solo era necesario utilizar al Estado para extraerlo de donde estuviera para posteriormente destinarlo a financiar el Estado de bienestar. Pues bien, el primer acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos nos puede servir como punto de referencia para constatar “cuánto dinero verdaderamente había” entre las huestes de millonarios todopoderosos que no contribuían suficientemente al sostenimiento del Leviatán.
Repasemos brevemente el catálogo de subidas fiscales propuestas contra 'los ricos':
- Incremento tributario a las grandes empresas: 1.776 millones de euros.
- Nueva imposición contra las compañías digitales: 1.200 millones de euros.
- Nuevo impuesto sobre las transacciones financieras: 850 millones de euros.
- Aumento del impuesto sobre el patrimonio a las fortunas superiores a 10 millones: 339 millones de euros.
- Subida del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros (del 45% al 47%) y a las superiores a 300.000 euros (del 45% al 49%): 328 millones de euros.
- Lucha contra el fraude y la morosidad fiscal: 828 millones de euros.
En total, pues, estamos hablando de un incremento de recaudación de 5.321 millones de euros: algo así como el 0,45% del PIB. No voy a entrar a enmendar tales cifras apelando a que algunas de ellas se hallen probablemente infladas, ni tampoco a que no todas ellas recaen exclusivamente sobre 'los ricos' (los accionistas de las grandes empresas no tienen por qué ser ricos; el impuesto a las transacciones financieras lo paga cualquier persona que compre cualquier cantidad de acciones en bolsa, y la lucha contra el fraude fiscal puede atacar también a las rentas medias o bajas que operen, por ejemplo, en la economía sumergida).
Tomemos el monto de 5.321 millones de euros tal cual nos lo ofrece el Gobierno e imputémoslo íntegramente a 'los ricos'. ¿Es esto todo (o al menos la mayor parte de) lo que 'la casta' tenía que aportar a la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales? ¿El 0,45% del PIB? Pongamos este porcentaje en perspectiva:
- El déficit público en el año 2011 —justo antes de que comenzaran los innecesarios recortes de Rajoy— fue del 9,6% del PIB: 103.214 millones de euros. En otras palabras, con el rejonazo a los ricos apenas cubríamos el 5% de semejante desajuste presupuestario. ¿Qué hacer con el restante 95%?
- El actual déficit público de la Seguridad Social asciende al 1,61% del PIB, 18.800 millones de euros. Es decir, aun cuando destináramos toda la recaudación extra a tapar el boquete de la Seguridad Social (cosa que evidentemente no va a suceder), tan solo cubriríamos el 28% de ese agujero. ¿Qué hacer con el restante 72%?
- El déficit público anual medio de la Seguridad Social si derogáramos las reformas-recortes del año 2011 y del año 2013 ascendería al 5,3% del PIB. En otras palabras, aun cuando destináramos toda la nueva fiscalidad contra los ricos a mejorar las cuentas de la Seguridad Social (cosa que, insisto, no va a suceder bajo ningún concepto), apenas cubriríamos el 8,5% de su desequilibrio estructural a largo plazo. ¿Qué hacer con el restante 91,5%?
- El coste de una renta básica universal asciende al 17,4% del PIB, de manera que la fiscalidad contra los ricos tan solo cubriría el 2,6% de ese monto. ¿Qué hacer con el restante 97,4%?
En definitiva, tan pronto como PSOE y Podemos se han puesto manos a la obra a gobernar, el pastel de su propaganda antirrecortes y proabundancia recaudatoria ha quedado totalmente al descubierto. Aun dando por válidas sus estimaciones de ingresos, es evidente que los grandes problemas actuales de sostenibilidad del Estado de bienestar no los van a cargar 'los más ricos' en un porcentaje significativo. Así que una de dos: o recortes del gasto o rejonazo fiscal a las rentas medias y bajas. Nos engañaron para llegar al poder prometiendo aquello que sabían imposible e incluso delirante. En contra de lo sostenido durante tantos años de propaganda de la izquierda estatista, no olvidemos lo esencial: quien paga, y va a seguir pagando, el grueso del coste del Estado no es 'la casta' sino 'la gente'. Apelar continuamente a los ricos es solo una excusa para, en última instancia, hacerle pagar a usted muchos más impuestos.
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