Pedro de Tena analiza otro escándalo en la Junta de Andalucía, una región en la que el escándalo es la normalidad y el fraude y el robo institucional herramientas políticas.
Artículo de Libertad Digital:
Susana Díaz. | EFE
Es uno de los muchos casos empantanados en la justicia andaluza como por ejemplo los casos Jeremie, UGT, FAFFE, el caso ERE y sus más de 200 piezas separadas, el caso Avales I y II y otros importantes, además de otros menores.
Como el caso de los Avales, igualmente vinculado a la Agencia IDEA, este caso de las transferencias de financiación había caído en el pantano judicial y sus lentitudes exasperantes. Fue el juez Álvaro Martín, juez de refuerzo en el juzgado de la juez Alaya, que investigó las seis primeras piezas en que se destripó el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía, el que abrió esta nueva macrocausa.
Se trataba de investigar las transferencias de financiación de la Junta a favor de IFA/IDEA pero procedentes de otros programas distintos al 31L y de éste mismo, por el que se concedieron las ayudas de los ERE. Esto es, se investigaba si en realidad se había configurado un gigantesco fondo de reptiles para huir del Derecho Administrativo y la legalidad.
En mayo de 2016, atendía lo que era una petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acordó la deducción de testimonio respecto de las transferencias de financiación que "haya podido recibir" IFA/IDEA. Así, el juez Álvaro Martín hizo referencia a las transferencias de financiación "que haya podido recibir" IFA/IDEA por parte de la Consejería de Empleo o de Innovación "procedente de programa distinto al 31L" y "con destino distinto al legalmente previsto" en la convicción de que usarlas era un procedimiento manifiestamente irregular, como en el caso de los ERE.
Esta pieza fue separada de la relativa al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en los ERE y que se juzgan ahora en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía, en este marco, solicitó al magistrado que practicara diligencias previas "para la averiguación de otros posibles ilícitos penales derivados del uso de las transferencias de financiación, considerado inadecuado por los peritos judiciales de la Intervención General del Estado.
Ya entonces, según la Fiscalía Anticorrupción, de los informes de estos peritos se desprendía que la agencia IDEA había recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L mediante el mecanismo de las transferencias de financiación tanto de la Consejería de Innovación como de otras.
Tras la marcha del juez Martín, el caso pasó a la juez titular, María Núñez Bolaños y comenzó el empantanamiento, a pesar de las protestas de la Fiscalía y la acusación particular del PP. Pero la juez fue apartada del caso por el incidente de recusación presentado por el PP y, en junio de este año, fue sustituida en el caso por la juez Pilar Ordóñez que, siete días después de asumirlo, ya había agilizado las diligencias pedidas por la Fiscalía.
La novedad de ayer es su petición de que las transferencias de financiación utilizadas como método de pago por la agencia IDEA, antes IFA, derivado de las ayudas públicas de todas las consejerías del Gobierno andaluz al ente público IFA (hoy IDEA), sean investigadas, por lo que ha pedido datos de todos los fondos enviados a este ente y de su personal desde el 2001 al 2011.
El caso es realmente espectacular puesto que en el caso ERE sólo se investigaban los pagos por ayudas sociolaborales procedentes en su mayoría de la consejería de Empleo, pero ahora se investigarán todos los pagos de la Agencia Idea en todas las Consejerías de la Junta. Y esto, como es sabido, ocurre en plena precampaña electoral. Cinco veces los ere, 4.300 millones de euros.
Pero todo dependerá de lo que decida el tribunal que juzga el caso ERE, porque el meollo del asunto es si las transferencias de financiación han sido utilizadas fraudulentamente o no.
La recusación de Bolaños
El PP fue forzado a pagar una fianza de 30.000 euros por la juez Núñez Bolaños en otro caso, el caso Avales. Recurrió y la Audiencia redujo considerablemente la fianza hasta unos límites normales. Ya entonces el PP comenzó a deslizar sospechas sobre la juez Bolaños y su imparcialidad. La Fiscalía y la misma Audiencia comprobaban su falta de diligencia en dos casos, el de los avales de la agencia IDEA y en el de las transferencias de financiación, además de otros.
EL PP descubrió dos cosas: una, que su cuñada María Guija trabajaba en el departamento de control de pagos de la agencia IDEA, investigada por la juez, y dos, que el que colocó a su cuñada en la agencia, Francisco Oyonarte, entonces secretario general, se había visto libre de todas las imputaciones en la instrucción de la juez Bolaños.
Entonces la recusó. En junio, fue apartada del caso de las transferencias y sustituida por Pilar Ordóñez, del juzgado de instrucción número 10 que ha dado alas a una instrucción que no quería realizar la juez Bolaños porque decía temer que se convirtiese en un supercaso que afectara precisamente a los políticos socialistas, y lo escribió casi textualmente así.
Qué son las transferencias de financiación
Son un instrumento de ajuste de las cuentas de los entes públicos, pero no pueden sustituir los pagos de la subvenciones y ayudas, como ocurrió en el caso ERE y en todos los demás que ahora parece que van a investigarse.
Todos los interventores de la Junta han reconocido que la fórmula usada para pagar ayudas socio laborales y directas a empresas entre 2001 y 2010 "dejó fuera de control" casi 800 millones de euros en el caso ERE y la consejería de Empleo. Cosa que "se manifestó" de manera "clara y palmaria a partir de 2005", cuando se elaboró el llamado informe adicional que hablaba del "uso inadecuado" de las transferencias de financiación de Empleo a IDEA para pagar las subvenciones investigadas.
Según la Fiscalía y los peritos judiciales, eso es así, pero según las defensas no lo es. El País ha aceptado la tesis de las defensas y dice que se usan en todos los departamentos de todo el Estado sin limitaciones.
La misma Junta admite oficialmente que estas transferencias destinadas a la agencia IDEA tenían que tener como fin la financiación regular de la actividad de la propia agencia, pero no el pago derivado de las ayudas concedidas por otras Consejerías.
La campaña electoral
El caso de las transferencias de financiación puede influir de manera importante en las elecciones andaluzas de diciembre de este año. Además de que sigue el caso ERE en el juicio contra los ex altos cargos, ahora, las fechas impuestas por la juez para remisión de documentos, entre 30 y 45 días, coinciden casi exactamente con la campaña electoral y las elecciones.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía apenas colaboraba con la Justicia y tardaba años en mandar, si es que lo hacía, la documentación que se le requería desde los Juzgados, Por ejemplo, aún se está esperando la información sobre las 13 cajas fuertes de la Fundación Faffe. El caso ERE está lleno de obstáculos protagonizados por la Junta. Y así sucesivamente. Pero ahora, la nueva juez ha fijado unas fechas para entrega de la documentación que caen dentro de la campaña electoral. Su incumplimiento será un arma electoral segura.
Además, hay otras ramificaciones. El PSOE ve abierto un nuevo y proceloso flanco que desgasta a una deteriorada Susana Díaz. Podemos tendrá que distanciarse del PSOE a marchas forzadas tras haberse ofrecido ayer mismo a investir a Susana Díaz. Ciudadanos se verá obligado a explicar cómo el empantanamiento de los casos por la desidia de la Junta a la hora de entregar documentación nunca fue criticado por Juan Marín cuando apoyaba el gobierno de Susana Diaz. El PP es el único que se beneficia electoralmente de esta última hora judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario