Artículo de El Mundo:
JAVIER OLIVARESEn España se accede a la función publica, como, por ejemplo, a economista del Estado, o a policía nacional, o a juez o a letrado del Consejo de Estado, mediante el sistema de oposiciones, sistema que es también el que estuvo vigente en nuestro país, hasta 1983, para incorporarse a las cátedras universitarias. Así, mediante oposición, es como obtuvieron sus cátedras, por ejemplo, Ramón y Cajal y Jiménez Díaz, Joaquín Garrigues y Luis Jiménez de Asúa, o Américo Castro y Ortega y Gasset.
Todas las oposiciones para acceder a unas plazas siempre limitadas -oposiciones porque cada aspirante se enfrenta a otros candidatos, entrando en juego, de esta manera, el criterio de selección entre los más calificados- son públicas, con lo que la decisión del tribunal -designado de manera aleatoria- en la adjudicación de las vacantes está sometida al control crítico de los asistentes a las pruebas, y orales, lo que permite el conocimiento directo de los aspirantes por los miembros del tribunal.
En 1983, la Ley de Reforma Universitaria (LRU), en lugar de introducir criterios en lo posible objetivos para la selección del profesorado, acude a unos procedimientos para dicha selección completamente ajenos a algo que tenga que ver con la preparación y la calidad científica de los candidatos. Para el acceso a plazas de profesores titulares (funcionarios de por vida) instaura dos vías: la extraordinaria de la idoneidad y la ordinaria de la endogamia. En virtud de la extraordinaria, establecida para una convocatoria única -sin limitación alguna de plazas-, podían convertirse en profesores titulares, mediante una llamada prueba de idoneidad, todos aquellos que fueran profesores interinos o contratados a 30 de septiembre de 1983. Esta prueba consistía en la mera presentación de una instancia, convirtiéndose en funcionarios muchos profesores interinos que nunca habían hecho ninguna oposición ni se les había pasado por la cabeza hacerla -ni tampoco tuvieron que hacerla para ser declarados idóneos- o que jamás soñaron en alcanzar ese estatus porque su dedicación a la Universidad era un mero hobby que les proporcionaba un cierto pedigrí para su actividad profesional y extrauniversitaria. De esta manera -y prácticamente sin control alguno- ingresaron en la Universidad, como funcionarios, más de 5.000 profesores idóneos, muchos de los cuales, posteriormente, y por la vía endogámica, se convirtieron en catedráticos.
Una vez concluida esa vía excepcional de la idoneidad, el procedimiento ordinario que se estableció para obtener plaza de profesor funcionario (catedrático o profesor titular), es uno en el que el opositor local parte con la ventaja de que su rector designa a dos de los cinco miembros de su tribunal. Una vez formado éste, el concursante endogámico tiene el puesto asegurado, pues es imposible que fracase en las pruebas, ya que éstas constan únicamente de dos ejercicios que el aspirante trae escritos de casa, sin que sea posible averiguar si los ha redactado el mismo u otro en su lugar, y sin que esté previsto ningún ejercicio destinado a determinar si se conoce el programa de la asignatura que tiene que explicar, ya que son oposiciones en las que no se le pregunta por el temario de la disciplina y, como tampoco existe un ejercicio práctico, igualmente es imposible averiguar si el aspirante a profesor de urología es capaz de diagnosticar, en un paciente concreto, si éste padece un cáncer de próstata, o si uno de filología inglesa tiene conocimientos suficientes para hacer una traducción inversa del castellano. Que este sistema de acceso no promociona a los mejores es algo que ha sido demostrado experimentalmente. En las oposiciones a puestos de catedrático o de profesor titular, en un 96% de las ocasiones el candidato seleccionado pertenecía al propio Departamento convocante, quien, además, en un 70% de los casos, ni siquiera tuvo necesidad de opositar en sentido estricto, ya que se presentó como único aspirante. Como se entiende por sí mismo, es imposible que el candidato de, por ejemplo, la Universidad de Oviedo, en un 96% de los casos tenga más méritos científicos que cualquier otro del ámbito nacional, profesor ovetense quien, a su vez, nunca obtendría una plaza de, digamos, la Universidad de Murcia, porque aquí, con el mismo altísimo porcentaje también, la plaza va a ser, sí o sí, para el murciano. Estos altísimos porcentajes de atribución de las plazas al candidato local sólo puede explicarse racionalmente porque se ha dejado al margen cualquier criterio científico para la selección del profesorado que ha pasado a ser sustituido, en su integridad, por otro de carácter endogámico. Las deficiencias del sistema se ponen de manifiesto, si es que se necesita algún argumento más, en que el 30% de los catedráticos y el 60% de los titulares -para ellos no rige el published or perished- abandonan cualquier clase de investigación científica, en el caso de que anteriormente hubieran investigado ya con algún rigor, una vez obtenida la plaza que ya nadie les puede quitar.
Pero la LRU, con su disparatada idoneidad y la sustitución de la ciencia por la endogamia, no era una ley inocente. Desde los comienzos de la democracia en 1978 hasta nuestros días muchos profesores interinos accedieron a la condición de parlamentarios o de cargos políticos en las distintas Administraciones (en 1993, por ejemplo, casi un tercio de los parlamentarios, 112, eran profesores de Universidad), con lo que, ¿cómo no apoyar una reforma universitaria que les convertía en funcionarios con la mera presentación de una instancia, librándose de las odiosas oposiciones que exigían muchos años de preparación? Ortega hablaba de "ese norteamericano que es famoso en España porque creen que es famoso en América, y es famoso en América porque creen que es famoso en España". Parafraseándole se podría decir: "Ese político que es famoso en la Universidad porque es famoso en la política, y que es famoso en la política porque creen que es famoso en la Universidad".
Desde 2007, para poder optar a una cátedra o a una titularidad es requisito previo haber sido acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -que es también la que otorga los llamados sexenios de investigación-, mediante un procedimiento en el que se reproducen, en gran parte, los mismos vicios en los que habían incurrido las pruebas de idoneidad (la reforma de la ANECA de 2015 es superficial, mantiene todos sus defectos y, a la vista de la incertidumbre electoral por la que atraviesa España, no se sabe si llegará a aplicarse algún día). Para empezar, las comisiones de la ANECA no son neutrales, porque sus miembros se eligen, en último término, por el Ministerio de Educación. En segundo lugar, la acreditación se postula mediante la presentación de una instancia por el aspirante, quedando suprimida, así, la publicidad que caracteriza a todas las restantes oposiciones para ingresar en la función pública, así como la oralidad de la prueba, con lo que, nuevamente, los miembros de la comisión se quedan sin el gusto de, al menos, conocer personalmente a los candidatos. Para acabar de arreglar las cosas, los miembros de la comisión no tienen por qué ser especialistas (casi nunca lo son) de la disciplina para la que se aspira a la acreditación, y de esta manera, y para acudir a un ejemplo concreto, la evaluación investigadora de los profesores de Derecho procesal fue llevada a cabo, como denunció en su día Andrés de la Oliva, por profesores de materias tan alejadas del procesal, como Psicología de la Personalidad, Historia del Pensamiento, Gestión de Empresas, Economía Aplicada y Periodismo.
De los hasta 100 puntos que puede otorgar la ANECA para conceder la acreditación de catedrático (para la de profesor titular rigen porcentajes similares, con mínimas variaciones), un máximo de 55 corresponden a la actividad investigadora, un máximo de 35, a la docente, reservándose el restante máximo de 10 puntos a la experiencia en gestión y administración (los Rectores siempre barriendo para adentro). Lo que se expone a continuación no es una broma -aunque lo parezca-, sino que responde al modo real de cómo actúan las comisiones de la ANECA para evaluar a los aspirantes.
Los aspirantes a la acreditación no presentan a la ANECA sus trabajos, sino únicamente una fotocopia de la primera y de la última página de los libros y artículos que han publicado, trabajos que no son leídos por los miembros de la comisión -tampoco podrían entenderlos, ya que no son especialistas-, asignándose los puntos por la actividad científica únicamente en función de si han aparecido en una editorial o revista conocidas. Rafael van Grieken, director de la ANECA, en una entrevista publicada en 2014, en el núm. 28 de la revista Unelibros, tiene el cuajo de confesar abiertamente que los trabajos "se califican a través de las editoriales", ya que "hay que dejar de lado los contenidos y... fijarse en la editorial que está detrás de la publicación", puesto que "hay que valorar más la calidad de la difusión que el contenido del trabajo en sí". O sea: que, como el contenido de la investigación "hay que dejarlo de lado", si la editorial en la que se publicó el trabajo no era conocida, se habría negado la acreditación a Watson y a Crick, a pesar de que con ese contenido despreciable, que ningún miembro de la comisión habría leído y que la ANECA tenía ante sus narices, sus autores acababan de desentrañar la estructura del ADN.
Y, por lo que se refiere a la actividad docente, a la que se atribuye un máximo de 35 puntos, la segunda broma del procedimiento de la ANECA reside en que se permite evaluarla sobre la base de unos baremos, como el de la asistencia a congresos orientados a la formación docente, y en los que se tiene en cuenta cualquier cosa menos el único criterio que debería ser determinante, a saber: que el candidato compareciera personalmente ante la comisión y demostrara, impartiendo alguna o algunas clases, el dominio de la materia que explica y su capacidad para transmitir sus conocimientos a los alumnos de manera comprensible y atractiva.
Una vez obtenida una evaluación positiva, el ya acreditado y mediante un procedimiento cien por cien endogámico, ya que su Universidad designa a todos los miembros de su tribunal, accederá a la plaza creada para él, normalmente sin oposición en sentido estricto, ya que ningún candidato no perteneciente al Departamento convocante estará de humor para presentarse a un concurso perdido de antemano.
Por ello, con el actual sistema, no pasa de ser una feliz coincidencia el acceso de los mejores a las plazas de funcionarios docentes. Porque si los criterios son endogámicos, porque si las acreditaciones se pueden otorgar sin limitación de número -es decir: si no hay confrontación entre los distintos candidatos para que sea posible seleccionar a los mejores-, si las aportaciones científicas ni siquiera son leídas por los miembros de la correspondiente comisión que, además no son especialistas, pero a los que se atribuye la facultad de poder acreditar en materias de las que no tienen ni idea, y si, además, expiden certificados de aptitud para la docencia a los aspirantes sin haber presenciado cómo impartían una clase, es decir: si todo se decide prescindiendo de cualquier criterio que tenga algo que ver con la evaluación científica y docente de los candidatos, entonces, y necesariamente, el resultado tenía que ser -como ha sido- que la mediocridad invadiera la Universidad española. Esta es la cara. La cruz es que científicos españoles de primera fila no hayan visto evaluados positivamente, como era de justicia, sus méritos y, o bien hayan abandonado, asqueados, su carrera universitaria, o bien, para vergüenza y empobrecimiento de España, hayan tenido que alcanzar el reconocimiento y el renombre que merecían en centros de investigación y en Universidades extranjeras.
Como no podía ser de otra manera, es también experimentalmente como se puede comprobar el fracaso al que nos ha conducido una legislación universitaria en la que se ha prescindido, por completo, del objetivo de incorporar a los centros superiores de enseñanza a las personas más preparadas científicamente. Ello se desprende no sólo -aunque también- de que en los distintos ránkings que se elaboran ninguna Universidad española figura entre las 200 primeras del mundo, sino asimismo de que -y para acudir sólo a las naciones de nuestro entorno- en los últimos 50 años ningún científico español ha obtenido un premio Nobel en disciplinas estrictamente científicas -medicina, física, química y economía-, mientras que, en ese periodo de tiempo, han sido galardonados con ese indiscutido e indiscutible premio 60 británicos, 47 alemanes, 18 franceses, 16 suizos, 15 italianos, 9 austriacos, 6 holandeses y 4 belgas.
Un gran experto en política científica, el alemán Peter Glotz, en su libro Las doce menos cinco en las Universidades alemanas, escribía en 1996: "En Alemania, un país con pocos recursos naturales, un pueblo con una baja tasa de natalidad y un Estado social con, necesariamente, altos costos, todo depende de la inteligencia, de la fantasía y de la creatividad, es decir, de la calidad de la educación y de la investigación". Como España también depende de lo mismo, y como nuestros legisladores se han esforzado en torpedear que los mejores científicos pudieran acceder a los más altos puestos docentes de la universidad -los sigue habiendo, pero han conseguido acceder a esos puestos docentes no porque existiera una legislación que lo favoreciera, sino a pesar de ella-, es fácil prever el futuro que le espera a España como potencia científica e innovadora: ninguno.
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