Diego Sánchez de la Cruz analiza el kilométrico tratado entre la Unión Europea y Canadá, así como las mentiras proteccionistas que se han vertido sobre el mismo.
Sin duda, una noticia en la buena dirección, que permitirá una mayor libertad para ambas regiones, y un mayor impulso al crecimiento económico y bienestar de ambas regiones.
Artículo de Libre Mercado:
Montreal, Canadá
Allá por 2004, los países miembros de la Unión Europea y el Gobierno de Canadáempezaban a hablar de la posibilidad de desarrollar un tratado comercial que facilite los lazos económicos entre ambos bloques. En 2008 se presentó un informe favorable que suscribieron ambas partes y en 2009 empezaron las negociaciones.
Hicieron falta cinco años para llegar a un acuerdo. Durante el verano de 2014, los equipos negociadores concluyeron las reuniones de trabajo de manera satisfactoria y el kilométrico texto final, de 1.634 páginas de extensión, fue publicado por la Unión Europea y por el Gobierno de Canadá. Comenzó entonces un largo proceso de aprobación que también sirvió para bautizar el tratado como CETA, por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement).
Aunque a ambos lados del Atlántico hay amplias mayorías políticas que respaldan la firma del CETA, la negociación ha estado a punto de irse al traste en 2016, a raíz del auge político del populismo proteccionista. Durante los últimos meses, hemos visto cómo la izquierda radical y la ultraderecha europea han sumado sus fuerzas para oponerse al pacto.
En España, sin ir más lejos, Podemos ha participado en diversas movilizaciones contra el acuerdo. Además, el partido morado ha introducido diferentes iniciativas parlamentarias contrarias al tratado, argumentando que su firma "amenaza nuestros derechos y cercena la soberanía popular". Más grave fue lo ocurrido en Bélgica, donde la región de Valonia estuvo a punto de vetar el acuerdo.
Lo que supone el acuerdo
Por volumen de importaciones y exportaciones, Canadá es el socio comercial número doce de la Unión Europea. Las exportaciones e importaciones entre ambos bloques mueven 60.000 millones de euros cada año. Los sectores de actividad europeos que más se benefician del comercio con Canadá son los de la maquinaria, los bienes de equipo y los productos químicos. También hay importantes lazos en otros campos como el transporte, el turismo, las telecomunicaciones, los seguros…
La firma del CETA también facilita los flujos de inversión entre el Viejo Continente y Canadá. Con 225.000 millones de euros al año, la UE es el segundo país que más invierte en Canadá, solamente por detrás de EEUU. Al mismo tiempo, Canadá es el cuarto país que más invierte en la UE, inyectando más de 117.000 millones de euros por ejercicio.
El acuerdo va a eliminar el 98% de los aranceles que encarecen las importaciones, con un ahorro anual de 500 millones de euros para las empresas europeas que venden en Canadá. Además, el CETA permitirá que las sociedades del Viejo Continente puedan optar a contratos públicos en Canadá, al tiempo que abrirá la puerta a que firmas canadienses opten a adjudicaciones en la UE.
Otro aspecto importante es el del reconocimiento mutuo de numerosas profesiones colegiadas o altamente reguladas. Arquitectos, ingenieros, contables y otros profesionales podrán prestar sus servicios en ambos bloques económicos sin sufrir las trabas e impedimentos actuales.
Mentiras proteccionistas
Al contrario de lo que se afirma desde el campo proteccionista, la liberalización no será plena. Tras la firma del CETA seguirán aplicándose muchas normas restrictivas en ámbitos como el de los alimentos, donde el veto europeo a los transgénicos seguirá operando. Tampoco en el plano medioambiental hay una relajación de los estándares de regulación europeos. En realidad, el acuerdo suscrito mantiene todas las leyes y normas actuales, de manera que todo producto canadiense vendido en el Viejo Continente seguirá viéndose obligado a cumplir con las leyes comunitarias y nacionales.
Otra falacia recurrente que también aparece cuando se habla del acuerdo comercial TTIP que negocian la UE y EEUU es el de la supuesta "privatización de los servicios públicos". Ni dicho pacto ni el CETA obligan a la gestión privada de la educación, la sanidad, el agua o cualquier otro ámbito. Lo que sí dicen estos acuerdos es que no se puede discriminar a las empresas extranjeras a la hora de adjudicar un servicio público al sector privado.
Así, si por ejemplo una provincia canadiense decide sacar a concurso la gestión del suministro de agua, no podrá impedir que una compañía española concurra en igualdad de condiciones que sus competidores canadienses. Sin embargo, la decisión de sacar a concurso un servicio seguirá siendo de los poderes públicos de cada país, que fijarán las condiciones para la adjudicación que vean convenientes.
Por último, el campo proteccionista argumenta a menudo que acuerdos como el CETA suponen la "expropiación de la Justicia", que queda "sometida a las multinacionales". En realidad, las posibles disputas que puedan aparecer entre países integrados en el acuerdo se resuelven mediante los mismos procedimientos de arbitraje internacional que ya están en vigor hoy en día.
Al fin y al cabo, los países de la UE han suscrito más de 1.400 acuerdos de este tipo, por lo que no hablamos de ningún cambio sorprendente sino de una práctica más que aceptada. De hecho, cabe señalar que la institución más influyente a la hora de canalizar estos procesos de arbitraje es el Banco Mundial, una institución pública y multilateral.
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