Diego Sánchez de la Cruz muestra cómo Ciudadanos y PSOE se unen (pues es rentable electoralmente) al bulo de los "48.000 millones perdidos por la corrupción" (que hasta ahora empleaba Podemos), bajo el supuesto de un informe de la CNMC que no habla de corrupción concretamente. Una mínima profundización en los datos ajustándolos al caso español evidencian que las cifras serían bastante inferiores a la mitad de la cifra aportada, lo que desmonta otra estrategia argumentativa de ciertos partidos (que sin dicha corrupción, el déficit no sería un problema grave, o que se podría gastar mucho más sin voluntad de reducir el déficit para pretender justificar sus desorbitadas partidas de gastos...).
Artículo de Libre Mercado:
A lo largo del "debate a cuatro" que organizó Atresmedia, tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez se hicieron eco de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) según el cual la corrupción en la contratación pública tiene un coste de 48.000 millones de euros al año.
La cifra no es baladí: si España aflorase esos ingresos, el déficit público desaparecería de un plumazo. Sin embargo, lo cierto es que la interpretación que hacen Rivera y Sánchez del informe de la CNMC se aleja mucho de la realidad.
De entrada, es importante señalar que el estudio en cuestión no está dedicado a la "corrupción", sino que se centra en analizar el marco de las adjudicaciones públicas, con ánimo de fomentar un mayor grado de competencia y de transparencia en estos procesos.
Por tanto, no cabe hablar de "corrupción" apelando a un informe que no se ocupa de dicho problema, sino que se centra en mejorar los procesos de adjudicación de contratos con las Administraciones Públicas.
De 194.000 a 100.000 millones...
En segundo lugar, hay que apuntar que el documento de la CNMC asume para España el mismo patrón de la OCDE en lo tocante a la contratación pública. Esto se traduce en una cifra anual de casi 200.000 millones de euros consignados a adjudicaciones.
Sin embargo, como ayer recordaban las redes sociales, la realidad presupuestaria española arroja 135.000 millones dedicados a pensiones, 115.000 a gastos de personal, 35.000 a intereses de deuda o 25.000 a subsidios de paro.
Por tanto, si restamos estas cantidades al total de gasto público registrado en España, vemos que solamente podríamos llegar a 155.000 millones de desembolso en contrataciones, casi 40.000 millones menos que los 194.000 planteados.
Bajo este escenario, además, estaríamos asumiendo que todo el gasto público que no va a pensiones, gastos de personal, intereses de deuda o subsidios de paro acaba en licitaciones públicas. Queda claro, por tanto, que la cifra real es aún más reducida.
¿A cuánto asciende, entonces, el "pastel" de la contratación pública? El propio informe de la CNMC admite que, en vez de asumir que España gasta en este capítulo lo mismo que la OCDE, se puede acudir a otros indicadores europeos que reducen el alcance de los desembolsos al 10% del PIB, lo que vendrían siendo unos 100.000 millones de euros, casi la mitad de los 194.000 que planteaba inicialmente la CNMC.
Esto supone que, aún dando por el bueno el argumento de PSOE y Ciudadanos, el ahorro potencial que se podría lograr por esta vía rondaría los 25.000 millones y no los 50.000. No obstante, los siguientes párrafos también demuestran que estos cálculos no tienen fundamento.
El bulo del 25% de sobrecoste
Pero hay una tercera razón por la que debemos desconfiar de los datos de la CNMC que Ciudadanos y PSOE han abrazado sin titubear. Y es que el documento parte de que la totalidad de adjudicaciones podría acarrear un sobrecoste del 25% generado por la falta de competencia y transparencia.
El documento de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia señala que "se estima que, en ausencia de presión concurrencial, se pueden originar desviaciones medias al alza del 25% del presupuesto de la contratación". La fuente de esta afirmación es un informe de Transparencia Internacional.
No obstante, hay que decir que el encarecimiento del 25% es el máximo registrado por los estudios de dicha organización. No hablamos, por tanto, del sobrecoste medio, sino del sobrecoste máximo que han llegado a detectar sus trabajos. Por tanto, no tiene sentido asumir que el peor caso registrado por Transparencia Internacional a nivel global se reproduce en todos y cada uno de los contratos firmados en España.
Por último, hay que aclarar que el estudio de Transparencia Internacional al que alude la CNMC no está hecho en España y, de hecho, no incluye ninguna mención a nuestro país en sus más de 200 páginas.
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