El cambio del cambio siempre es...MÁS de lo MISMO.
A ellos siempre les parece poco todo el dinero que gastan, y siempre les parece poco todo lo que le quitan al ciudadano, desconociendo además (o dejándose llevar por el populismo) los efectos de dichas subidas.
Artículo de Voz Pópuli:
Para incrementar los ingresos públicos del conjunto de las administraciones en 2 puntos de PIB, algo más de 20.000 millones de euros, los socialistas proponen un cambio estructural del sistema impositivo en el que no se contemplan rebajas de impuestos sino, muy al contrario, subidas selectivas para las rentas más altas. El programa fiscal que mañana jueves precisará el PSOE descarta el incremento de la presión fiscal individual de quienes ya pagan impuestos por las rentas del trabajo, aproximadamente el 80% de los contribuyentes. La vía para recaudar más es, claramente, aumentar el gravamen a las rentas del capital, no solo a través del Impuesto sobre la Renta, sino también mediante una reforma del Impuesto sobre Patrimonio.
Uno de los criterios sobre los que el PSOE hace descansar su oferta es que las rentas del trabajo, sobre todo las medias y bajas –el salario medio está en 20.000 euros–, dejen de soportar a través del pago de impuestos y de cotizaciones sociales el grueso de la presión fiscal, pues por esta vía se obtienen nueve de cada diez euros recaudados. Los expertos que han trabajado para el exministro Jordi Sevilla, algunos de ellos desde la Agencia Tributaria, no tienen problema a la hora de reconocer que si Pedro Sánchez llega al Gobierno, subirá la presión fiscal. En estos momentos, los ingresos públicos en relación al PIB se sitúan en el 37,8% frente al 45,2% de promedio de los países de la Unión Europea. El único inconveniente, matizan, es que esa presión fiscal se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles. De ahí que la lucha contra el fraude se considere decisiva.
Sevilla siempre ha dado el campanazo cuando su partido le ha encomendado una reforma fiscal. Hace 14 años, cuando José María Aznar pilotaba su segunda legislatura, Sevilla defendió desde la oposición una rebaja impositiva sin afectar a la recaudación. Para ello, defendió la introducción de un tipo único en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y la eliminación de los seis tramos que había en 2001, toda una revolución en el sistema impositivo español que acabó en el cajón cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones tres años después.
Compromiso ambiguo con la estabilidad presupuestaria
Puede que no sea este también el destino de una propuesta fiscal que ha sido sometida a numerosos retoques y todavía está expuesta a ellos ya que se trasladará a las bases del partido para que hagan sus aportaciones. En su texto aparece muy vinculada a los compromisos sobre gasto público, en estos momentos cinco puntos inferiores, en relación al PIB, a la media de los países de la UE. A pesar de que Pedro Sánchez ha advertido en más de una ocasión que si gana las elecciones las comunidades autónomas dejarán de estar comprometidas con los actuales objetivos de déficit público fijados por el Gobierno, en el programa se constata que España tiene aún por delante un proceso de consolidación fiscal exigente que habrá que cumplir desde el respeto a la estabilidad presupuestaria.
De ello se deduce que, en caso de poder formar Gobierno, Pedro Sánchez afrontaría una negociación con la Comisión Europea para establecer otros objetivos. De hecho, en el programa electoral se compromete a situar el déficit en el 1% del PIB en 2020, cuando ahora España está obligada a bajar el saldo negativo de las cuentas públicas al 4,2% este año, al 2,8% el que viene, al 1,4 en 2017, hasta alcanzar el equilibrio presupuestario en 2018.
El PSOE gobierna en estos momentos en siete comunidades autónomas e influye en otras dos, razón por la que en su programa hace hincapié en la intención de flexibilizar sus obligaciones de consolidación presupuestaria para compensar los recortes que durante los años duros de la crisis han hecho en sanidad, educación y políticas sociales. La oferta electoral critica el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pese a que ha sido una de las herramientas que ha facilitado la financiación de las administraciones regionales, aunque no detalla alternativa alguna para que los gobiernos autonómicos más endeudados –más de 235.000 millones en total–, puedan acceder algún día a los mercados.
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