McCoy se hace eco de la última publicación del Banco Mundial sobre facilidades para hacer negocios, en los que se pone de manifiesto precisamente que en aquéllos ámbitos más proclives para la corrupción es donde peor valorada sale España.
Artículo de El Confidencial:
Acaba de publicar el Banco Mundial su informe 'Doing Business 2016', con datos a uno de junio de este año.
Se trata de un documento anual que busca determinar cuáles son los mejores países para iniciar y operar un negocio. La muestra es amplia, abarca 189 naciones distintas. La que acaba de ver la luz es su decimotercera edición.
¿En qué se basa para fijar su ordenación?
Fundamentalmente, en 10 parámetros, "proteínas y minerales necesarios para la salud y el crecimiento de una economía", según señala su introducción; a saber: tiempo necesario para abrir un negocio, para la obtención de los permisos de construcción, ídem de los boletines eléctricos o para transferir una propiedad; facilidad de crédito, protección al socio minoritario, presión fiscal (horas y tipos), apertura al exterior, fuerza jurídica de los contratos y régimen de insolvencias. A ellos se une el estado del mercado laboral, que, no obstante, no participa en la ponderación.
Singapur lidera la lista como lugar idóneo para emprender, seguida de Nueva Zelanda y Dinamarca. En la cola de la clasificación, Eritrea, Libia, Sudán del Sur y… Venezuela, ¡viva la República Bolivariana! Como 'runner-ups', estados con mayor progresión en la clasificación, Costa Rica, Uganda, Kenia o… ¡Chipre!, pese a los recientes controles de capital.
El estudio es extraordinariamente prolijo y merece una lectura detallada.
¿Dónde queda España?
La separata individual sobre nuestro país la pueden leer aquí.
A nivel agregado en el puesto 33, mejorando una posición respecto a 2015.
Sin embargo, en relación con los distintos factores tenidos en cuenta para fijar la clasificación final, el situación de nuestra economía es dispar, tal y como se puede comprobar en el siguiente cuadro:
Muy bien en apertura comercial al exterior (1), en el régimen de insolvencias (25), en la protección de minoritarios (29) y en la fuerza jurídica de los contratos (39). Un poquito peor en agilidad registral (49), acceso al crédito (59) o presión fiscal (60). Muy mejorable, por último, toda la parte burocrática que, por cierto, es la que más pie da a corruptelas. Puesto 74 para la obtención de luz (desde el 78 en 2015), 82 para las licencias de apertura (desde el 78) y 101 en permisos de construcción (desde el 97).
Luego nos extrañaremos de que pase lo que pasa.
Antes de entrar en esta cuestión del campo abonado para la malversación de fondos, un inciso.
Algunos de estos datos pueden resultar chocantes, especialmente por algunos de los afectados por la dilación sin fin de la justicia patria, pero es bueno recordar aquí que se trata de una posición relativa, en relación con otros estados. Lo que prueba, sin duda alguna, que en todas partes cuecen habas, arroz, maíz, mijo o lo que se tercie en los distintos ámbitos contemplados por la encuesta.
Proxy de la corrupción
Alguno podrá decir que el titular de este 'post' es exagerado y que, de hecho, el informe no es un reflejo exacto de las condiciones reales en las que se manejan las empresas en un determinado territorio. No en vano su validez ha sido puesta en tela de juicio hasta por economistas del propio Banco Mundial, que han llegado a aventurar una correlación cero con las ‘encuestas a pie de calle’ que lleva a cabo la propia organización.
Sin embargo, lo cierto es que el documento es aceptado internacionalmente como referencia, hasta el punto de que mandatarios como Vladimir Putin o Nahendra Modi, el primer ministro indio, han fijado como objetivos nacionales mejorar en su clasificación. De 120 en 2012 a 20 en 2018 en el caso ruso, o del 142 en 2015 al 'top 50' en 2017 en el indio. De momento se sitúan en los puestos 52 y 130 respectivamente.
Y, en cualquier caso, el análisis sí que es reconocido con carácter general como un termómetro del clima empresarial de una economía -de las restricciones y obstáculos a los que se enfrentan las compañías- así como un instrumento válido para identificar tendencias más allá de los datos concretos que sirven para su construcción.
También es visto comúnmente como un 'proxy' bastante certero del nivel de corrupción de un Estado.
Pues bien, es precisamente en los ámbitos en los que la intervención de lo público es más necesaria, donde nuestro país se hunde en los 'rankings' de 'Doing Business'. Lo cual, como hemos señalado con anterioridad, es mala señal, carne de cañón para delitos y faltas.
Resolver cuestiones como la financiación de determinadas administraciones, la fragmentación del mercado interior, la existencia de una legislación excesivamente prolija y cercenante a nivel autonómico y local, la lenta tecnificación de los trámites administrativos y judiciales o la eliminación de la burocracia innecesaria, es imprescindible para salir mejor en la foto anual del Banco Mundial.
Pero, claro, son medidas que dependen de unos políticos que viven de este cuento y que carecen de incentivos para hacer tales reformas una vez que han renunciado a una visión de país.
Ande yo caliente...
Podemos, pues, esperar sentados.
Desgraciadamente.E
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