PSOE: demagogia y subidas de impuestos

Adriá Pérez analiza la política impositiva anunciada por el PSOE si llega al gobierno, dirigida contra la "economía de opción" (planificación fiscal), la competencia fiscal, el ahorro del ciudadano...y que llevará a incrementar (aún más) la lesiva política de subidas de impuestos del PP, pues su finalidad no es otra que saquear de manera creciente a empresas y ciudadanos (impuesto de sociedades, patrimonio, herencia...), perjudicando principalmente a las rentas más modestas (vía menor poder adquisitivo, menor empleo y menores salarios por la menor productividad derivada de la menor inversión y capitalización de la economía).

Artículo de Voz Pópuli: 

El PSOE hizo pública ayer la política impositiva que tiene intención de aplicar en caso de que llegue al Gobierno. En esencia, las medidas planteadas siguen la misma tendencia que la política fiscal aplicada durante esta crisis por el gobierno estatal y comunidades autónomas del PP: subir impuestos. El PP lo hizo cuando más sufríamos los rigores de la crisis, y el PSOE lo haría coincidiendo con una economía incursa en un proceso de recuperación titubeante.

Y digo en esencia porque una de las últimas medidas que aprobó el PP, la reforma de la Ley General Tributaria, afianza la persecución de lo que se conoce como economía de opción, que es lo que la propuesta de Pedro Sánchez y Jordi Sevilla pretenden combatir. La economía de opción no es más que la planificación fiscal, es decir, que los contribuyentes hagan uso de las leyes que son más ventajosas para sus intereses. Opción esta que, según el catedrático Pont Clemente, lejos de ser ilegal, siempre se ha considerado un ejercicio de prudencia de quien busca gastar menos mediante la realización de elecciones inteligentes, y que en el ámbito tributario se traduce como deseo de reducir la carga tributaria.

El mero hecho de utilizar tal o cual deducción, bonificación o crédito fiscal, todos ellos legales, no deja de ser una búsqueda del ahorro fiscal como muestra de racionalidad económica, que todo el mundo trata de aplicar cuando mejor puede, desde el trabajador, pasando por el pensionista hasta las pyme y las grandes empresas. Sin embargo, el programa electoral del PSOE recoge la intención de acabar con la elusión fiscal, que es, precisamente, esa economía de opción o planificación fiscal. Una vía que el PP consolidó con su última reforma fiscal, y que supone, de facto, obligar al contribuyente a que ignore parte de nuestro ordenamiento jurídico, precisamente aquella que le permite reducir su carga fiscal. En resumen, quieren imponer un impuesto contra la planificación fiscal "agresiva". ¿No es más agresivo impedir al contribuyente aplicar las leyes vigentes? ¿Para qué las promulgan entonces?

Subida de impuestos a las Sociedades y al uso racional de los recursos

¿Y cómo se traduce el ataque a este principio de economía de opción o planificación fiscal? Por ejemplo, subir el Impuesto sobre Sociedades al exigir que las empresas tributen un mínimo del 15% de los beneficios, una de las propuestas estrella del Sánchez y Sevilla, al mismo tiempo que gravarlas en un 35% si aplican lo que demagógica e ideológicamente denominan planificación fiscal "agresiva". La excusa es que las grandes empresas tributan, en realidad, al 5% por lo que debe obligárselas a pagar más. Sin embargo, esto es falso como ya se ha puesto de manifiesto en diversos artículos. La tributación depende de una variedad de tratamientos fiscales contemplados por la Ley aprobada por el Parlamento que permite, por ejemplo, que las empresas internacionalizadas reduzcan la sobre imposición (pagar dos o más veces por lo mismo aquí o en el extranjero), se compensen pérdidas pasadas o de otras empresas del grupo. ¿Qué hay cuando un pequeño contribuyente se aplica la única deducción que tiene al alcance, por ejemplo la deducción de los planes de pensiones? ¿Es una planificación fiscal agresiva porque hace uso del 100% de posibilidades legales de reducir su carga fiscal? Si las empresas hacen uso de todas las posibilidades de reducir su carga fiscal, lo cual hace que paguen, de media, mucho más del 5%, ¿demuestran "agresividad"? Es por ello que exigirles el 15% o el 35% (ojo a la arbitrariedad: ¿qué es planificación fiscal "agresiva"?), no es más que, en muchos casos, obligarlas a sufrir una doble imposición, a no poder compensarse las pérdidas que sufrieron, o no poder hacer uso de una deducción por insuficiencia de cuota, etc., en definitiva, a no hacer un uso racional de sus recursos.

Y ¿qué consecuencias tendrá el fomento del mal uso de los recursos? ¿Acabar con los malvados ricos? No, perjudicar a los pequeños accionistas de esas grandes empresas (una mayoría), perjudicar a sus trabajadores, a sus proveedores, a sus clientes, a sus inversiones, a la creación de empleo, a la productividad... a nosotros. Más que redistribuir la recuperación económica, uno de sus eslóganes, lo que lograrán es redistribuir sus propias subidas fiscales.

Subida del Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones

Otra derivada que se descuelga de atacar ese principio es el de exigir otro mínimo de tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio o sobre las Sucesiones, lo que de facto es imponerlos en toda España, impidiendo la competencia fiscal para ese tramo de carga fiscal mínima que se exigirá, esto es, impidiendo los frutos de la competencia fiscal que en algunas Comunidades Autónomas había posibilitado bonificar hasta el 99% estos impuestos. De hecho, no es sino pervertir la competencia fiscal porque, sin necesidad de armonizar, permite que los gobiernos regionales no sólo tengan garantizada un mínimo de recaudación por esta vía impositiva (de poco montante) sino a liberarse de la presión de tener que esforzarse en ofrecer leyes atractivas a la acumulación de riqueza, capital y, en definitiva, prosperidad.

Porque de eso tratan los impuestos sobre el patrimonio, ya sea anual o en el momento del fallecimiento: de volver a tributar por aquello por lo que ya se pagaron impuestos durante toda la vida, de reducir el ahorro (pues el patrimonio y la herencia es una de las fuentes más importantes de ahorro y su transmisión), lo que significa reducir la inversión, los empleos, los salarios y el crecimiento de la economía. En un estudio efectuado por la Tax Foundation a raíz de la propuesta del economista francés Piketty (por cierto, gurú de Podemos) de implantar un fuerte Impuesto sobre el Patrimonio, cuantificaron el desastre que la aplicación de tal medida tendría en EEUU: reducción del 13,3% del stock de capital, reducción de los salarios del 4,2%, eliminación de casi un millón de empleos, reducción de casi un 5% del PIB. Todos los grupos de renta, desde los más modestos a los más ricos, verían reducida su renta. Pero, ¿vale la pena reducir un 7% la renta de los más pobres para ver reducir la renta de los más ricos un 10%? De nuevo, al igual que en el Impuesto sobre Sociedades, hacer demagogia contra "el rico" es empobrecernos a todos, especialmente a los que tienen menos recursos y margen de maniobra. Seguimos deslizándonos por la misma peligrosa pendiente que en su día denunció Alexis de Tocqueville: querer igualar nuestras rentas por la vía de empobrecernos a todos, en lugar de enriquecer a los más pobres.

Conclusión

Es difícil destacar en incremento de impuestos tras la era Montoro-Rajoy, pero el PSOE podría llegar a realizar tal sangrante hazaña. El demagógico ataque a los ricos basándose en maniatar al contribuyente y sus posibilidades legales significa subir los impuestos a las empresas y patrimonios, lo que perjudicará indirecta y significativamente a los más modestos.