martes, 27 de octubre de 2015

Puertas giratorias: cargos del PP fichan por empresas ligadas a la Administración

Una nueva manifestación de otra de las grandes y perversas consecuencias que supone la creciente intromisión del poder político en cada rama y parcela de la sociedad civil vía leyes, regulaciones, burocracia, subvenviones...que afectan sobremanera también al ámbito económico y empresarial, y que implica el uso de las herramientas que le otorga el monopolio de la fuerza o poder (el poder político) para obtener beneficios privativos para sí mismo, sus allegados y afines con el objetivo de repartirse el botín (dinero de los ciudadanos) y mantenerse en el poder (creando redes clientelares y dependientes de la arbitrariedad política). 

Curioso por otra parte que se pretenda combatir esto con más poder de decisión del político o burócrata de turno, que lleva a más agentes y lobbies (grupos de presión) a acercarse al poder para influir en sus decisiones a cambio de favores, dinero bajo mesa, apoyo electoral o no resistencia a determinadas leyes...corrupción pura y dura que es tanto mayor cuanto más poder de intromisión se le da al político. 
Pero seguimos sin enterarnos quejándonos de las consecuencias y queriendo potenciar las causas que las provocan...
En el siguiente artículo, Victor Romero muestra el ejemplo de las puertas giratorias, en este caso del PP en la Comunidad Valenciana...
Artículo de El Confidencial:
Numerosos altos cargos con responsabilidades en administraciones gobernadas por el Partido Popular durante la pasada legislatura han encontrado acomodo en empresas que han mantenido acuerdos y contratos con la Generalitat o con el Ayuntamiento de Valencia. El deporte de la puerta giratoria se ha practicado en muchos casos bordeando los límites de la actual legislación en materia de incompatibilidades, lo que ha dato pie a que el Ejecutivo de Ximo Puig haya encargado informes específicos y a que el grupo socialista en las Cortes aproveche para lanzar críticas a los populares.
El último caso ha trascendido recientemente, cuando la firma de servicios de auditoría y consultoría EY (antigua Ernst & Young) ha anunciado el fichaje del ex conseller de Economía, Máximo Buch, como “senior advisor” de la firma y miembro de la oficina de representación en España. Su incorporación se produce apenas unas semanas después de que trascendiese la de uno de sus subordinados, Fernando Díaz Requena, a la misma EY. Ex secretario autonómico de Economía, Díaz Requena, ha sido nombrado responsable del área de Transacciones en la Comunidad Valenciana. 
EY no es una consultora ajena a la Generalitat. Entre otros vínculos, en julio de 2013 fue contratada por la Corporación Pública Empresarial Valenciana para asesorar en el proceso de reestructuración de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). El contrato es de menor cuantía (apenas 19.000 euros) y fue firmado por una entidad que no dependía directamente de Buch. Pero no ha sido el único que EY ha mantenido con la Administración autonómica. En 2009 también colaboró con la Intervención General en la supervisión de expedientes de ayudas procedentes de fondos agrarios.
Ximo Puig y Mònica Oltra en una imagen de archivo. (EFE)
Ximo Puig y Mònica Oltra en una imagen de archivo. (EFE)
Tampoco es una cantidad excesiva (apenas 42.000 euros) la que recibió del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), que sí colgaba del departamento de Buch, la operadora portuaria Noatum, que ha apostado claramente por Buch para que ejerza de representante ante las instituciones. El ex conseller de Economía se ha incorporado a varios consejos de administración de filiales de la principal empresa española de servicios portuarios, concesionaria de una de las terminales del Puerto de Valencia y con interés en ampliar sus muelles. Controlada accionarialmente por JP Morgan, Noatum tiene como matriz a Turia Port Investments, un sociedad con sede en Holanda, un país que ofrece ventajas fiscales a las multinacionales.
El de Buch es uno de los casos que está estudiando la Conselleria de Trasparencia, un departamento controlado por Compromís. El conseller Manuel Alcaraz ha anunciado que quiere poner en marcha una ley autonómica propia de incompatibilidades de altos cargos. Fuentes de la órbita de la Generalitat señalan este texto ha generado un debate interno entre los dos socios de Gobierno sobre el alcance de las restricciones y la necesidad de no cegar todas las puertas de salida a los altos cargos cuando desean regresar al sector privado. “Habría que habilitar alguna fórmula para que durante el tiempo en que no es posible incorporarse al sector privado pudiese haber algún tipo de compensación económica”, señalan desde el grupo socialista.
Al margen del volumen de ayudas públicas recibidas por las empresas que contratan a los altos cargos, en la mayor parte de los casos lo que buscan es aprovechar sus contactos y el conocimiento que pueden aportar del funcionamiento interno de la Administración, como es ocurre con Buch.
Lo cierto es que gran parte del equipo del ex conseller de Economía con Alberto Fabra ha encontrado acomodo en empresas o entidades con vínculos directos con la Administración autonómica. El primero en dar el salto, incluso antes de que se constituyese el nuevo Consell, fue el ex director general de Industria, Joaquín Ríos, que fichó por la multinacional de componentes para el automóvil SRG Global. Esta compañía ha recibido ayudas del Ivace que dirigía el propio Ríos por importe de 800.000 euros dentro de los planes de fomento de empleo industrial para sus plantas de la localidades valencianas de Llíria e Ibi. Ríos asegura contar con un informe encargado a una consultora privada que descarta la existencia de incompatibilidades en su regreso al sector privado. 
José Monzonís, ex secretario autonómico de Industria y Energía, comenzó a trabajar también en junio como presidente ejecutivo de la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE), una patronal que participa de forma periódica en todas las convocatorias de ayudas a la industria de la Conselleria y que incluso canaliza el reparto de fondos entre las empresas del sector.
Otro ejemplo de puerta giratoria es el de la ex directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga. Tras el cambio político regresó a su puesto en la Cámara de Comercio de Valencia, donde había solicitado una excedencia forzosa por cargo público. Ahora ha sido ascendida y ha mejorado además sus retribuciones salariales. Similar es la situación de Daniel Marco, que dejó Feria Valencia para ocupar diversos cargos públicos, el último como secretario autonómico de Turismo y Comercio. Ha regresado a la Feria como director de Eventos.
El expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra. (EFE)
El expresidente de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra. (EFE)
También el ex jefe de gabinete de Francisco Camps, Pablo Landecho, abandonó en mayo la dirección del Consorcio Valencia 2007, el organismo público tripartito que gestiona la dársena interior del Puerto de Valencia. Cinco meses después ha sido rescatado por Broseta Abogados para dirigir la firma Business Initiatives Consulting (Bioconsulting), una consultora especializada en buscar ventajas fiscales a las empresas a través de programas de I+D+i. Broseta tiene el grueso de su actividad repartida con clientes privados, pero como bufete ha contratado de forma frecuente con la Generalitat. La propia Administración reconoce entre 2005 y 2011 la existencia de trabajos por más de 2,5 millones de euros.
En el ámbito municipal, el hombre fuerte de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, decidió jubilarse parcialmente tras dimitir de su cargo al resultar procesado en el caso Urdangarín. La Audiencia de Palma cree que tuvo un papel activo en la contratación por parte de Turismo Valencia del Instituto Noos. Sin embargo, presta también servicios a la Universidad Católica de Valencia como responsable de dos institutos médicos a los que se ha incorporado. Grau ha estado vinculado a la UCV desde hace años como docente a la UCV. El Ayuntamiento de Valencia permitió a esta entidad modificar la clasificación de unos terrenos de su propiedad para poner en marcha un hospital universitario, un cambio urbanístico que el equipo del nuevo alcalde Joan Ribó, ha puesto en revisión.

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