Y es que sigue primando que "los Estados, no contentos con imponernos cómo debemos vivir, se arrogan también la competencia de decidir por nosotros cómo debemos morir".
Artículo de Voz Pópuli:
Parece mentira pero incluso hoy, a mediados de la segunda década de este siglo XXI, siguen siendo enormes en todo el mundo las resistencias a la eutanasia médica y al suicidio asistido. Me parece, por tanto, una excelente noticia que California haya aprobado por fin la ley AB-15, de finalización de la vida, que, tras obtener el pasado día 12 el visto bueno del Senado estatal, quedaba únicamente pendiente de su sanción por parte del gobernador Jerry Brown. California se une así a la lista cortísima de estados con legislación pro-libertad de elección en esta materia, junto a Oregón, Washington y Vermont.
Con una población equivalente a la de Polonia y un PIB superior al de España o Italia, parece evidente que el enorme peso de California en los Estados Unidos y en todo el mundo le otorgaría un considerable influjo cultural incluso si no fuera, además, el cuartel general de dos sectores que multiplican esa influencia: el del entretenimiento (Los Ángeles) y el de las TIC (San Francisco). Por ello creo que California puede inclinar la balanza, y que la ley AB-15 puede marcar un antes y un después en el reconocimiento generalizado del pleno derecho de los individuos a gestionar el final de sus propias vidas.
“No sé lo que haría si estuviera muriéndome de forma prolongada y con un dolor insoportable, pero creo que preferiría poder considerar todas las opciones. No puedo negar ese derecho a los demás”, afirmó Brown la semana pasada, al anunciar que daría luz verde a la ley. Su segunda frase me parece de un sentido común elemental. Yo tampoco habría dudado ni por un instante en firmar esa ley, que viene a corregir en California un despropósito generalizado en todo el mundo, en virtud del cual resulta que los Estados, no contentos con imponernos cómo debemos vivir, se arrogan también la competencia de decidir por nosotros cómo debemos morir. A mi juicio, los testamentos vitales deberían generalizarse porque corresponde a cada ser humano dejar instrucciones claras sobre lo que debe hacerse con él si sus circunstancias le impiden en el futuro decidir personalmente. La decisión no es de los médicos ni de la familia ni del Estado: es suya. Pero lo realmente inconcebible es que haya personas en pleno uso de sus facultades que tengan que trasladarse a otra jurisdicción para ejercer un derecho tan íntimo como es el de poner fin a su vida. Es cruel e inhumano que ni siquiera puedan morir en su casa, entre los suyos, y que incluso para esa última y trágica acción deban esconderse del Estado omnipotente o escapar del territorio que regenta. Eso fue lo que le paso a la enferma terminal Brittany Maynard, quien en 2014 hubo de trasladarse a Oregón para poner fin a su sufrimiento, y precisamente su familia ha sido la gran impulsora de la reforma legislativa californiana. También en Europa vemos multitud de casos de traslado al territorio de otros países con legislaciones más benévolas, como Suiza. En España la eutanasia —como tantas otras cuestiones sensibles para nuestros entrometidos moralistas, desde la prostitución a la criogenización y desde las drogas a la maternidad subrogada— sigue en una especie de limbo deliberado, en la intersección oscura entre una normativa arcaica que prohíbe y una realidad cotidiana de tolerancia de facto mientras no se divulgue demasiado lo sucedido.
Ha llegado el momento de tomar de una vez el debate por los cuernos y establecer un marco legal claro, pero parece que aparte de los libertarios, pocas formaciones políticas españolas o europeas se atreven a ello. La izquierda y la derecha convencionales compiten en prejuicios y en dirigismo, pero en realidad debería ser muy simple la guía de los legisladores ante las cuestiones bioéticas: dejar a la persona escoger, asegurando siempre el cumplimiento estricto de su voluntad soberana e inalienable en tanto que propietaria única de su cuerpo y, por lo tanto, del proceso biológico que en él sucede y que llamamos vida. Si se actuara conforme a esa sencilla guía, el ordenamiento legal resultante sería evidente y los comités de bioética no tendrían mucho trabajo. En el caso del suicidio asistido, sobre todo en circunstancias dramáticas de enfermedad terminal y dolor intenso, se suele oponer a la libertad del paciente dos tipos de argumentos: los jurídicos (en evitación de posibles fraudes, por ejemplo por las herencias) y los de índole religiosa. Los primeros requieren simplemente una redacción cuidadosa de las normas y la adopción de las cautelas necesarias para prevenir bien todos los supuestos. Los segundos son, sencilla y llanamente, irrelevantes a la hora de legislar porque pertenecen al ámbito privado de cada persona, que es libre de actuar en su propio caso como su conciencia le indique, pero que jamás puede imponer su cosmovisión a los demás mediante la ingeniería sociocultural del Estado. Si alguna justificación se le quiere buscar aún a la persistencia del Estado, sería proteger los derechos, la propiedad y la voluntad del individuo frente a la marea de la opinión colectiva, sea cual sea. La ley debe ser un mínimo común denominador que gestione lo colectivo sin invadir lo individual, y la decisión sobre la propia muerte o sobre las condiciones extremas en las que a cada cual le resulte preferible morir es una decisión estrictamente personal. Es un hito en la senda de la Libertad que California lo haya comprendido así.
Espero que el resto del mundo empiece también a darse cuenta.
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