La falacia de lo público

Javier Gaite analiza la falacia de lo público.

Artículo de Herald Post:

Decía Murray Rothbard, que las funciones del Estado pueden dividirse en dos: aquellas que se pueden privatizar y aquellas que se pueden eliminar.

Sin embargo, ante el actual Estado omnipresente y expansivo, es difícil para muchas personas imaginar cómo sería una sociedad con un Estado mínimo. Y no digamos ya sin Estado, como proclamaba Rothbard.

Ante este panorama, creo que es importante reflexionar y darse cuenta de una cosa: la mayoría de los bienes y servicios que consumimos actualmente son suministrados a la sociedad por entes privados (empresas privadas), no por entes públicos (empresas estatales).

Por ejemplo, bienes tan esenciales como la alimentación son suministrados por empresas privadas. Por eso mismo, sería interesante reflexionar que pasaría si el Estado hubiera monopolizado la provisión de comida; es decir, si el suministro de la comida fuese público en vez de privado.

Seguramente, muchas personas cuestionarían la capacidad de las empresas privadas para producir alimentos. Oiríamos cosas muy parecidas a las que hoy oímos sobre la sanidad o las pensiones privadas: “no se puede dejar la alimentación, que es algo básico, sujeta al lucro empresarial”, “los pobres no podrían pagarse los alimentos”, “no podemos dejar morir a la gente a la puerta de los supermercados”… y cosas por el estilo.

Pero no, no ha sido así. Es más, agradezcamos que la provisión de comida es privada y no estatal, pues en aquellos países en los que el Estado se encarga de dar de comer, la gente se muere de hambre y sufre de desabastecimiento, como ocurre en Venezuela, Corea del Norte y sucedía en la URSS, por poner sólo unos ejemplos.

Y es que los ciudadanos somos capaces de alimentarnos sin necesidad de que el Estado nos obligue a mantener un servicio público que nos dé de comer.

De igual forma, los ciudadanos podríamos tener una buena sanidad, una buena educación y unas buenas pensiones, sin necesidad de que el Estado nos coaccione a pagar por sus servicios.

Tenemos además múltiples ejemplos de porqué la gestión estatal, en la grandísima mayoría de los casos, es más costosa y/o menos eficiente que la gestión privada.

Y es que para que un servicio sea universal no hace falta que sea público. Por ejemplo, para que la comida esté al alcance de todo el mundo a precios económicos, no se nos ocurre proponer que los agricultores y granjeros sean funcionarios, que la tierra sea estatal, que el Estado controle la distribución de la comida y que los supermercados sean empresas públicas.

El Estado sólo debería cubrir, y con la menor intervención posible, aquellos campos, que por dificultades de coordinación de los entes privados, se gestionen mejor por la vía pública.

Devolviéndole dicha gestión a la sociedad civil tendríamos mejores pensiones, sanidad, escuelas, etc. con más calidad y de forma más económica.

Tal y como comenta Jesús Huerta de Soto: “Los seres humanos observan que hoy en día las carreteras, los hospitales, las escuelas, las pensiones, el orden público, etc. etc., son proporcionados en gran (sino en exclusiva) medida por el Estado, y como son muy necesarios, concluyen sin más análisis que el estado es también imprescindible. No se dan cuenta de que los recursos citados pueden producirse con mucha más calidad y de forma más eficiente, barata, y conforme con las cambiantes y variadas necesidades de cada persona, a través del orden espontáneo del mercado, la creatividad empresarial y la propiedad privada”