viernes, 2 de octubre de 2015

Ordeño y mando

Alberto Ruiz analiza el nuevo despropósito y ataque a la libertad de mercado, en una nueva cesión del gobierno de turno (PP) ante la presión del lobby de turno (sector lácteo), con el nuevo acuerdo, obligando al resto de mortales (consumidores vía subida de precios y contribuyentes vía subida de impuestos -presentes o futuros- y pago de mayores intereses para devolver deuda, para pagar las subvenciones) a pagar a la fuerza dichos privilegios por ley (que además implican una peor asignación de recursos, pérdida de empleos en el resto de sectores y/o menores salarios y una menor prosperidad del conjunto de la sociedad.


Artículo de Expansión:

Ludwig von Mises dio a su célebre manual de Economía el título de La acción humana. Aunque no hace falta que Mises lo explicara, la conducta de muchos es, con demasiada frecuencia, surrealista y, en España, esperpéntica. Esto se comprueba bien con ocasión de la supuesta solución del conflicto del sector lácteo, arbitrada según nuestras más rancias costumbres, es decir, mediante una estrategia de concertación de precios y de subvenciones para la protección de unos productores que decidieron que el ordeño de las vacas, tal y como ellos lo organizan, debe ser el diapasón que marca el ritmo de la economía del sector. Y vaya si lo es.
No debe alarmarnos tanto que esto suceda cuanto el modo en que sucede, a través de reuniones de productores y distribuidores lácteos con los más altos responsables del Ministerio de Agricultura. Dicen que se ha adquirido un compromiso amplio que permita alcanzar un precio justo para la leche. ¿Justo para quién? ¿Para unos lecheros refractarios a incorporarse a la cadena de adición de valor de los productos lácteos? ¿Para los consumidores que habrán de pagar más por un producto con escasa diferenciación cualitativa (entera-semidesnatada-desnatada)? ¿Para los distribuidores, cuyos márgenes se reducen drásticamente en un entorno crecientemente competitivo? Si el mantenimiento de estructuras productivas obsoletas y refractarias a la integración en el mercado es una causa justa para la fijación de precios y el otorgamiento de ayudas públicas, conviene que nos preparemos para lo peor, y lo peor es la política económica dominada por la fuerza bruta, o sea, por las tractoradas y “pitotes” diversos a la puerta de los Ministerios que, para aliviar la presión, terminan por recibir a los implicados y auspiciar el contubernio con el que se obliga al resto de los mortales a pagar el “fiestorro”.
Como suele suceder, desde una perspectiva histórica, este comportamiento cuenta con un fundamento sólido. Las centrales lecheras tuvieron durante gran parte del franquismo el estatuto de establecimientos de servicio público, por aquello de que la economía de un producto básico no podía quedar al pairo de las fuerzas del mercado. Cuando España se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea, nuestros estancos lácteos fueron sustituidos por el régimen de cuotas de la PAC caracterizado, como es sabido, por un tosco control sobre la oferta a cambio de subvenciones a los productores. Cuando aún no se ha cumplido ni un año desde que se liquidaron formalmente las cuotas, nos encontramos con el más genuino cartelismo ibérico: todo menos competir, todo menos salir de la comodidad de la economía intervenida. Ciertamente, este fenómeno paranormal no es exclusivo de la leche pero, por ejemplo, a diferencia del carbón, no tenemos una estructura reticular única –el sistema eléctrico– que asegure la captura del consumidor, hay que crearla, y esa red no es otra que la de los distribuidores alimentarios que, para reunirse con la interprofesional lechera, exigieron la cobertura del Ministerio, como es lógico. La estrategia es de lo más pastoril.
Posiblemente, una de las consecuencias de esta patochada sea el descrédito del buen desempeño empresarial. Curiosamente, buena parte de los productores lácteos españoles sí que han reformado su estructura y sus pautas operacionales: asociaciones de diverso tipo (no necesariamente cooperativas), diversificación, acuerdos a largo plazo, participación en la comercialización y definición de productos finales. En el Ministerio dicen que el acuerdo incluye un compromiso por parte de los pequeños productores de integración y mejora de explotaciones para su plena incorporación a la cadena de creación de valor, cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento por el propio Ministerio, pero no dan razones para que los consumidores y contribuyentes estemos obligados a financiar tan sensata adaptación.
En un alarde de imaginación, el Consejo de Ministros se sacó de la manga el concepto de “animal subvencionable” para la concesión de ayudas de pago único que tendrán la consideración de “medida excepcional de emergencia”, mientras “se estabiliza la situación de mercado y se recuperan los precios en el sector”. Ya sabemos que, en materia de subvenciones, no hay nada más definitivo que lo provisional, y otro tanto cabe decir de los impuestos que las hacen posibles.
Como dejó dicho Don Joaquín Garrigues, puede que la defensa de la competencia no sea, en el fondo, más que puro folklore, al igual que la dinámica fiscal, lo cual significa que la ubre se ordeña, como mandan los cánones, a dos manos: la subida de precios y de impuestos.

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