Para conocer en mayor profundidad el caso, se muestra también lo que indicaban Amnistía Internacional y Human Rights Watch al respecto del tratamiento del caso y del juicio llevado a cabo.
Artículo de Gurusblog:
Hace unos días Juan Carlos Monedero, el supuesto ex “enfant terrible” de Podemos, dedicaba toda un post en intentar justificar la condena de 13 años de cárcel del régimen Venezolano de Maduro a Leopoldo López. Entiendo que no está bien morder la mano que te da de comer y más si te pagan €300.000 por estudios absurdos sobre divisas imposibles. ¿Quién no estaría agradecido?
Pero una cosa es no morder la mano que te da de comer y otra, aunque sean de los tuyos, carecer de todo espíritu de crítica y ponerse manos a la obra para mediante la distorsión y la mentira justificar lo injustificable.
Con el título de Nunca obedecieron leyes los golpistas, Monedero, de talla intelectual limitada, se dedica a hacer un ejercicio de manual para aplicar de forma burda los 11 principios para manipular las masas de Goebbels intentando reescribir una realidad diferente que justifique una condena perpetrada por un régimen indecente, decadente, y corrupto cuyo único objetivo actual es defender el poder y la riqueza absoluta de la casta absoluta en la que se ha convertido el llamado régimen bolivariano.
El ejercicio de manipulación de Monedero es muy simple. ¿Qué es lo que más han temido los españoles durante la democracia? ETA. ¿Cuál era una de las forma de ETA? La kale borroka. La asociación de ideas ya está servida: ETA , gurpo terrorista = Kale Borroka, que es presión violenta en las calles = manifestaciones en Venezuela, ergo Leopoldo López es un terrorista y cómo ETA atenta contra la democracia.
La excusa sobre la que Monedero construye su argumento son los 43 asesinatos que ocurrieron durante las manifestaciones convocadas por la oposición. ¿Una cifra aberrante? Sin duda lo sería en España pero… ¿En la Venezuela Bolivariana? Os dejo un dato.
En 2014 Venezuela tuvo 24.980 asesinatos. Toca a 68 homicidios al día sin manifestaciones de por medio. Así es el grado de protección y seguridad que ofrece el gobierno bolivariano a sus ciudadanos, un ritmo de 68 asesinatos al día.
Sin entrar sobre quién mato a quién durante las manifestaciones de la oposición, muchos de los muertos fueron manifestantes ejecutados a sangre fría por las fuerzas de seguridad venezolana o afines al régimen (entre los asesinatos documentados tenemos el de un estudiante de 14 años muerto a quemarropa por un disparo en la cabeza por la policía).
43 muertos en una movilización de decenas de miles de personas en Venezuela durante varios días, puestos en el contexto de las estadísticas de asesinatos diarios en Venezuela, sólo nos puede llegar a concluir que para el standard venezolano las manifestaciones fueron extraordinariamente pacíficas. Y si alguien puso los muertos sobre la mesa no fue precisamente la oposición y Leopoldo López sino el régimen bolivariano.
¿Cómo se le llama cuando son las fuerzas de seguridad de un régimen las que disparan y matan a ciudadanos que se manifiestan?
La realidad de lo que ocurrió es cómo si en las manifestaciones del 11M en España las fuerzas de seguridad españolas se hubiesen dedicado selectivamente a ejecutar manifestantes con disparos en la cabeza y después condenáramos a 13 años de prisión a los convocantes de la manifestación.
¿Escribiría entonces también Monedero un artículo defendiendo la condena de 13 años de cárcel? Bueno, igual si recibe €300.000 para realizar un estudio absurdo puede que hasta fuera capaz de encontrar argumentos para justificar cualquier barbaridad perpetrada por cualquier tipo de régimen.
Parece que Monedero no lucha contra la casta, lo que en el fondo quiere es imponer “su” casta, no importa el precio. Depreciable hipocresía.
Así que tenemos dos opciones. O estamos ante un idiota (persona que es poco inteligente o que molesta a alguien con lo que hace o con lo que dice) incapaz de analizar o ante un pervertido intelectual que no le importa retorcer la realidad si eso sirve a sus intereses aún a costa de la injusticia.
De Human Right Watch a Amnistía Internacional
Para saber lo que ha pasado con el juicio de Leopoldo López sólo hay que leer la opinión de dos organizaciones independientes con años a sus espaldas denunciando los abusos de gobiernos de todos los colores. Quizás Monedero no ha leído.HRW: El caso es una farsa
La condena infundada del líder opositor Leopoldo López y tres estudiantes venezolanos, en relación con incidentes violentos ocurridos durante las protestas de 2014 en el país, muestra el deterioro extremo del estado de derecho en Venezuela, señaló este jueves Human Rights Watch. El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso, y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito.
El 10 de septiembre de 2015 la justicia condenó a López a 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas en prisión por todos los cargos que presentó el Ministerio Público, incluyendo instigación pública y asociación para delinquir por hechos ocurridos durante una manifestación que tuvo lugar en Caracas el 12 de febrero de 2014. Tres estudiantes cuyas causas se acumularon a la de López también fueron condenados. Uno fue sentenciado a cuatro meses, otro a seis meses, y el tercero a más de diez años. López permanecerá detenido y los estudiantes seguirán en libertad condicional.
“Este caso es una farsa”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados ejercer su defensa adecuadamente”.El Ministerio Público imputó a López inmediatamente después de la protesta del 12 de febrero, luego de que funcionarios gubernamentales señalaran que López había incitado hechos violentos en el marco de la protesta, incluidos ataques contra oficinas y vehículos gubernamentales. López se entregó el 18 de febrero de 2014, y desde entonces permanece detenido en la prisión militar de Ramo Verde.
La orden de aprehensión reconocía que López se retiró del lugar donde ocurrieron los ataques antes de que sucedieran, pero invocaba como prueba de su responsabilidad penal una serie de “pronunciamientos con mensajes subliminales” que había expresado a través de Twitter. No obstante, no especificó cómo este supuesto discurso “subliminal” o indirecto había provocado concretamente la comisión de delitos.
Human Rights Watch tuvo acceso al expediente del caso, y no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados. El equipo de defensores de López dijo a Human Rights Watch que la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público.
El derecho venezolano y los estándares internacionales de derechos humanos disponen que, salvo en circunstancias extraordinarias, los procesos penales deben ser públicos. Sin embargo, no se permitió que miembros del público -incluidos periodistas y observadores internacionales- estuvieran presentes durante todo el juicio.
Los tres estudiantes condenados -Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González- fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad luego de la protesta del 12 de febrero de 2014. Los estudiantes dijeron a Human Rights Watch que fueron sometidos a abusos físicos durante su aprehensión y en la dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la zona, donde permanecieron incomunicados por 48 horas. Durante su detención, los estudiantes no tuvieron acceso a sus abogados y no se les permitió ver a sus familiares.
Posteriormente fueron llevados ante un juez y acusados de varios delitos. La prueba aportada por el Ministerio Público en su contra incluía prendas de vestir que, según afirmaron los estudiantes, habían sido manchadas con gasolina por agentes de seguridad, y fotografías de personas no identificadas que participaron en incidentes con miembros de fuerzas de seguridad y que fueron colocadas junto a las fotografías tomadas a los estudiantes en la dependencia policial.
Un cuarto estudiante acusado en el caso, Marco Aurellio Coello, salió de Venezuela a principios de septiembre.
El Poder Judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente de gobierno desde que, en 2004, el entonces presidente Hugo Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y han emitido reiteradamente pronunciamientos a favor de este,avalando la indiferencia del gobierno por los derechos humanos.
La mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en sus cargos y pueden ser destituidos por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso. Esto deja abierta la posibilidad de que sean destituidos como consecuencia de las decisiones que adopten, lo cual contradice estándares internacionales básicos de derechos humanos y socava gravemente la independencia judicial en el país, señaló Human Rights Watch.
“Hemos visto la violenta represión de manifestantes pacíficos el año pasado, la complicidad de fiscales que iniciaron causas penales contra las víctimas sin tomar en cuenta signos evidentes de que habían sufrido abusos, y ahora presenciamos la condena de tres estudiantes y un prominente político de oposición sobre la base de imputaciones absolutamente infundadas”, sostuvo Vivanco. “¿Qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al gobierno de Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?”.
Bueno quizás lo que necesitan es lo mismo que necesita Monedero, que Venezuela les deje de regalar petróleo o dinero.
Amnistía Internacional. Condena con motivación política
La sentencia de 13 años y nueve meses de prisión contra un líder de la oposición en Venezuela sin ninguna evidencia creíble en su contra muestra la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial en Venezuela, dijo Amnistía Internacional.
“Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor en Venezuela”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado en primer lugar. Es un prisionero de consciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente.
Con esta decisión, Venezuela está eligiendo ignorar principios básicos de derechos humanos y dando una luz verde a más abusos”.
Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, quienes fueron enjuiciados junto a Leopoldo López, también fueron encontrados culpables, pero cumplirán su condena fuera de prisión.
En el caso de Christian Holdack, que recibió una sentencia de 10 años y seis meses, la acusación del Ministerio Público, a la que Amnistía Internacional tuvo acceso, no contenía evidencia creíble que sostuviera los cargos en su contra.
Marcha 19S a favor de Leopoldo López
Precisamente hoy gran parte de la población sale a las calles del país para protestar contra la condena impuesta a Leopoldo López. Nos llegan estas imágenes:
Yo no se a vosotros pero a mi estas manifestaciones más que la Kale Borroka de ETA se me parecen más al 11M o a las manifestaciones contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La respuesta a este perverso intelectual no se la estamos dando hoy nosotros. Se la están dando los ciudadanos de Venezuela.
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